Chile enfrenta una paradoja silenciosa pero urgente: pese al aumento sostenido del gasto público en salud, los hospitales siguen acumulando deudas y no logran mejorar su capacidad resolutiva. En la comisión de Salud del Senado se dio a conocer la semana pasada que, a mayo de este año, ya se han ejecutado en bienes y servicios de consumo el 37% de su presupuesto anual. Si esta tendencia se mantiene, los recursos se agotarán antes de octubre. Es decir, que seguimos por el mismo mal camino del año pasado. En 2024 la deuda de hospitales en el primer semestre creció en 147% en comparando al primer semestre de 2023 y ya para junio la deuda hospitalaria alcanzaba los 112 mil millones. Por tanto, esto no es solo un desajuste financiero: es el reflejo de una crisis estructural.

Es una senda que se ha empantanado aún más estos últimos años, pero cuyo camino ha sido ha sido mal encauzado desde hace tiempo. Durante la última década, el presupuesto en salud prácticamente se ha duplicado, creciendo incluso por sobre el promedio del gasto público. Sin embargo, indicadores como cirugías realizadas, egresos hospitalarios o resolución de listas de espera no han seguido el mismo ritmo. ¿Cómo es posible que gastemos más y logremos menos?

Parte de la respuesta está en factores conocidos: el aumento de la demanda tras la pandemia, el envejecimiento poblacional, y una inflación en salud que supera a la general. Pero también hay causas que siguen sin enfrentarse: modelos de financiamiento que no estimulan resultados, una gestión hospitalaria con escasa autonomía, rigideces laborales que dificultan la adaptación, pagos estatales tardíos y sistemas de información que no dialogan entre sí. Y también digámoslo: malas prácticas laborales como incumplimiento de horarios y el mal uso de licencias médicas por parte de algunos profesionales de la salud.

El resultado es un sistema que premia el gasto sin evaluar su impacto, donde muchas veces se planifica por inercia y no por necesidad. Mientras tanto, detrás de cada indicador de productividad hay una historia: un paciente que espera una cirugía, una familia que vive con incertidumbre, un equipo de salud que trabaja bajo presión sin las herramientas suficientes y que se frustra de no poder dar respuesta a su paciente.

¿Qué hacer? Cambiar los vicios por la virtuosidad para que el camino empantanado se despeje y se logre transitar. En concreto esto se traduce en que, en primer lugar, se debe evitar una crisis operacional inminente mediante recursos extraordinarios. Sin embargo, deben utilizarse de manera correcta porque en un modelo que funcione correctamente para que no queden atrapados en el fango. Por tanto, es fundamental repensar el modelo y vincular el financiamiento a resultados sanitarios; fortalecer la gestión clínica con herramientas modernas; dar autonomía efectiva a los hospitales que demuestren buen desempeño e impulsar colaboraciones público-privadas con foco en resolver las listas de espera. Todo esto con reglas claras, trazabilidad del gasto y monitoreo público.

La eficiencia no es solo una categoría técnica. En salud es un acto de justicia. Cada peso mal gestionado es tiempo de espera para un paciente, es una oportunidad perdida de alivio, de vida digna. Enfrentar esta realidad no es solo necesario desde el punto de vista administrativo: es una responsabilidad ética con quienes más confían —y dependen— del sistema público. Se requiere de ingeniería máxima para que el camino quede plano. Y mano dura para que se haga sin tropiezos y de manera eficiente.

Por Paula Daza Narbona, Directora Ejecutiva de CIPS UDD