Derechos conquistados, ¿cuál es el precio de ejercerlos?

SEÑOR DIRECTOR:

La denuncia contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, evidencia los profundos desafíos que enfrenta la sociedad al abordar denuncias de violencia sexual cuando adquieren relevancia en el debate público.

La consigna feminista “lo personal es político” es clave al hablar de violencia sexual, pues convierte lo privado en un tema de interés público, especialmente cuando el acusado está en el poder. Sin embargo, si el enfoque mediático e institucional se centra en el escándalo y no en la protección de las víctimas, el mensaje es claro: “así te expondrás si decides denunciar”. Este subtexto perpetúa la cultura del silencio y refuerza el temor a represalias sociales, miedo que muchas enfrentan al considerar alzar la voz.

La trivialización de las experiencias de las víctimas que realizan figuras políticas como el senador José Miguel Insulza o la exministra Jeanette Vega es una herida adicional. Denunciar violencia es un acto difícil que debe ser respaldado; no rodearlo de morbo. Banalizar estas denuncias perpetúa una cultura que silencia y desvaloriza a quienes se atreven a hablar.

Los medios de comunicación suelen priorizar el espectáculo sobre el respeto a las denunciantes. Al centrarse en el escándalo y la controversia, se deja de lado a quienes han sufrido, revictimizándolas y generando desconfianza. Este enfoque puede hacer que otras víctimas se sientan inseguras y opten por no denunciar.

El comportamiento del gobierno frente a una denuncia de violencia sexual refleja su compromiso con la dignidad y los derechos de las mujeres. El mensaje debe ser claro: no habrá tolerancia al abuso, la indiferencia ni la normalización, especialmente cuando el acusado es parte del poder. Un gobierno feminista no es el que está libre de acusaciones, sino el que siempre pone a las víctimas en el centro de su respuesta pública.

Francisca Millán

Socia abogada de AML Defensa de Mujeres