Disparidad de estadísticas en delitos

Lo mínimo que se puede pedir es que los actores que participan en la prevención y persecución penal dispongan de una información que sea consistente, y con estándares comunes para poder hacer un correcto análisis.



Las estadísticas oficiales indican que el delito de homicidio ha experimentado un notorio incremento en los últimos años, fenómeno que desde luego ha generado mucha preocupación en la ciudadanía y las autoridades, especialmente porque detrás de ello podría sugerir la presencia de crimen organizado. Pero si bien las tendencias son inequívocas, en cambio la cantidad de asesinatos varía según el tipo de organismo que la reporte. Así, por ejemplo, los registros de Carabineros indican que entre enero y septiembre se habían registrado más de 560 casos, mientras que las estadísticas del Ministerio Público en igual periodo dan cuenta de más de 2.100 casos. Es probable que si se analizaran las cifras de la PDI, del INE, o del Servicio Médico Legal, también nos encontraríamos con cifras diferentes.

La imposibilidad de contar hasta ahora con estadísticas unificadas en materia de comisión de delitos, especialmente en casos tan graves como el homicidio, representa una anomalía que no solo genera natural confusión en la opinión pública y eventualmente desconfianza en la información oficial, sino que también podría afectar el diseño de políticas públicas destinadas a combatir el flagelo, pues en la medida que se esté trabajando sobre bases diferentes -producto del uso de distintas metodologías-, los diagnósticos y estrategias a aplicar podrían no ser las correctas en algunos casos. Es lo que podría ocurrir si, por ejemplo, en algunas zonas del país se pudieran estar subrreportando casos de homicidios u otros delitos de alta connotación.

Esta disparidad en la forma de tratar las cifras tuvo recientemente un llamativo episodio, cuando la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio Público discreparon sobre las cifras de “encerronas”. Así, mientras desde el gobierno se reportaba un quiebre en la tendencia a partir de mayo, en el Ministerio Público señalaban que sus registros indicaban un incremento. La Subsecretaría atribuyó estas diferencias a que mientras sus cifras -que a su vez son las que reporta Carabineros- engloban lo referido al robo violento de vehículos, la Fiscalía estaba considerando una categoría específica, como es la “encerrona”.

El problema de la seguridad sigue estando en el centro de la preocupación ciudadana -así lo reveló la última encuesta Cadem, donde el temor a la delincuencia alcanzó un nivel récord-, y desde luego situaciones como esta disparidad entre ambas entidades no contribuye precisamente a disiparla; por el contrario, la incrementa. Lo mínimo que se puede pedir es que los actores que participan en la prevención y persecución penal no solo dispongan sino que también entreguen información que sea consistente, y con estándares comunes para poder hacer un correcto análisis.

La información es fundamental para la prevención y el análisis de la delincuencia. Es por ello que en 2015 se creó por ley un Banco Unificado de Datos que tendría dos plataformas, un BUD Operativo, que manejaría el Ministerio Público, y otro analítico a cargo de la Subsecretaría del Delito. Ello permitiría que nueve entidades relacionadas con el combate a la delincuencia pudieran intercambiar y compartir información; sin embargo, a siete años de su creación inexplicablemente sigue sin operar en plenitud.

Recientemente se inauguró el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, órgano ejecutivo donde, según explicó la autoridad, se busca contar con información conjunta no solo de número de homicidios, sino también de contexto. Cabe esperar que esta instancia permita avanzar en la solución del problema, y no termine solo en anuncios, considerando la experiencia con el BUD.

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