Hay circunstancias que ameritan la instalación de un gobierno de emergencia. Hay estrategias políticas que han justificado en el pasado actuar desde la emergencia. Ninguna de las dos parece ser una buena razón para que el gobierno parta jugando esta carta.

Respecto de la circunstancia, es obvio que Chile tiene problemas apremiantes, como la criminalidad organizada y la migración irregular. Estamos de acuerdo. ¿En qué se avanza diciendo que eso es una emergencia? Nada.

Por un lado, la emergencia sugiere soluciones rápidas y eso genera expectativas. El gran “pero” es que como las soluciones a estos problemas apremiantes no las conocemos bien, deben ser lentas. Si fueran obvias y rápidas ya estarían hechas. La frustración de expectativas es probable. Es razonable suponer que el gobierno no quiera generar frustración al respecto. Aquí viene el riesgo: para no generar frustración, el gobierno puede apresuradamente tomar decisiones equivocadas o que no sirvan para mucho.

Por ejemplo, las bandas narco están organizadas para enfrentar al Estado de derecho, para corromperlo y debilitarlo. En el ámbito financiero hay un problema: a pesar de los resguardos, con los instrumentos que tiene la UAF pareciera que le cuesta seguir el flujo del dinero. La discusión sobre el secreto bancario es prueba de ello. Sin una forma expedita de acceder a la información financiera de sospechosos, es difícil combatir este flagelo. La autorización de un juez no basta porque eso supone ya una cierta publicidad. Entonces el riesgo es que para no frustrar expectativas se decida algo como “guerra al narco”. Esa estrategia está lejos de ser la mejor. Es cosa de recordar al presidente Calderón en México: declaró la guerra y la violencia se desató por muchos años. La única solución “rápida” es la de Bukele: no importa que haya inocentes presos si algunos culpables son atrapados. Además de que no hemos visto en qué terminará el experimento salvadoreño, tal estrategia es inaceptable para el Estado de Derecho chileno. La declaración de emergencia, más bien, genera un riesgo de alto costo social.

Lo mismo pasa con la migración ilegal. Además de que hay bandas organizadas de tráfico de personas, enfrentar la migración ilegal supone coordinación con países vecinos, lo que no será ni fácil ni rápido. El riesgo aquí es hacer cosas efectistas pero caras y poco útiles dada la vastedad de nuestras fronteras: muros y zanjas.

Respecto de la estrategia política, el “gobierno de emergencia” puede pretender darle viabilidad política a su programa gobernando por decreto como Trump y Milei. Esta es una agenda que algunos promueven como una forma de “régimen no convencional semi autoritario”. La versión extrema de esto la planteó Carl Schmitt en “Estado fuerte y economía sana” en 1932. Confío en que el gobierno no se refiere a esto con lo de la emergencia, pero aun así está instalando un tema que, si es por identificar riesgos, antes no estaba y ahora sí.

Por Guillermo Larraín, FEN, Universidad de Chile