SEÑOR DIRECTOR:

Los artículos aprobados recientemente por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico plantean terminar con el sistema de derechos de aprovechamiento de agua (DAA) y cambiarlo por autorizaciones de uso “inapropiables, incomerciables, intransferibles y obligando al titular a desarrollar la actividad que justifica su otorgamiento”.

La modificación que propone la Convención no solo supone un cambio drástico en la gestión del recurso sino también implica un profundo cambio cultural en un país donde históricamente la administración del agua se hizo a través de derechos.

Existe consenso que el actual sistema de DAA tiene muchas falencias, generadas principalmente por una deficiente administración. Sin embargo, el cambio que propone la convención es darle un rol aun mayor al Estado el que no solo deberá cumplir todas las tareas que no ha podido realizar adecuadamente en las últimas décadas, sino que también deberá decidir cómo, a quién, y por cuánto tiempo autorizar el uso del agua, es decir, tendrá un papel fundamental en decidir cuál será la matriz productiva del país.

Una pregunta que surge es si la Convención tiene en cuenta el cambio profundo que implicaría este nuevo sistema y cuya transición puede tardar décadas, condicionando decisiones que necesitan un horizonte de planeación extenso y medianamente claro. ¿No será mejor primero perfeccionar las falencias de gestión del sistema actual, siguiendo un camino incremental con revisiones regulares de su efectividad? Un sistema mal administrado, sea centralizado o no, puede llevar a consecuencias igual de nefastas. En el caso del agua esto es realmente preocupante ya que, en palabras de la propia Convención, es un componente esencial para la generación, sustento y permanencia de la vida.

Evangelina Dardati

PhD en Economía, especialista en economía ambiental y recursos naturales