La política exterior del actual gobierno ha enfrentado durante su período un problema central de coherencia: su práctica y contenido no siempre confluyen con los principios que nuestro país ha sostenido históricamente. Por tradición, Chile ha guiado su participación global impulsando el respeto a la soberanía de los Estados, la búsqueda de la paz, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y el multilateralismo, sujeto al derecho internacional y al funcionamiento de organismos multinacionales. Si bien nuestra presencia no siempre ha tenido un peso decisivo, se ha ganado el respeto a través de una diplomacia pragmática y normativa, cautelando nuestros intereses y garantizando la vigencia de un orden que preserve nuestra integridad territorial y nuestro comercio exterior, ambos sustentados en tratados que son el eje de nuestra impronta.

La administración Boric parecía, en un inicio, ratificar esos lineamientos. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó en evidencia una inclinación a guiar sus actuaciones por contenidos político-ideológicos, antes que criterios normativos. Hay hitos que apoyan esta lectura: la no recepción del embajador de Israel al presentar sus cartas credenciales; o la constatación de que durante todo su mandato no hubo visitas oficiales con Milei mientras sí se registraron numerosos encuentros con Lula y Petro, cuya relevancia tiene al menos la misma (sino inferior) prioridad que nuestros vínculos con Argentina.

El episodio diplomático del cable con China profundiza en ese sesgo e ilustra debilidad y amateurismo en la gestión externa. En un contexto de rivalidad estructural entre potencias, no se adoptó una estrategia clara para evitar escaladas. Por un lado, se subestimó el peso estratégico de Estados Unidos como líder mundial que impele una agenda proactiva para defender sus intereses, a veces fuera de las reglas del orden universal (hasta ahora) vigente. Sin olvidar el trato a ratos descalificatorio de Boric a Trump, resulta inexplicable haber procedido sin tener en consideración sus advertencias en este ámbito, conocidas por el ministerio sectorial y por nuestra Cancillería, cuyo rol al respecto se ignora. De otro, faltó el cuidado que merece nuestro principal socio comercial, China, que maneja sus piezas en este ajedrez con una lógica distinta y podría responder ante decisiones chilenas que la afecten.

Las explicaciones oficiales vertidas en este caso, aparte de cantinflescas, ponen de manifiesto una dificultad central de la política exterior: lograr un equilibrio entre principios, autonomía y realismo geopolítico. No se trata de la visión personal del Presidente ni la proyección de una doctrina, sino de los intereses y la soberanía de Chile. La defensa de los pilares que informan nuestra tradición debe conjugar la preservación de nuestra autonomía y la supervivencia de nuestra posición en el escenario mundial, dentro del entorno político y estratégico de las coyunturas internacionales. La improvisación, la falta de rigor y el tinte ideológico no deben formar parte de esa ecuación.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario