El costo (acumulado) de las acusaciones constitucionales

SEÑOR DIRECTOR:

Las acusaciones constitucionales son un mecanismo necesario en democracia para interpelar a autoridades que han faltado a la probidad o abusado de sus facultades. Sin embargo, cada vez que se presenta una acusación, se genera un costo institucional (mayor aún si es que se aprueba) pues revela que nuestras autoridades no han estado a la altura de su cargo, ya sea por falta de moral o por abandono de deberes, en el mejor de los casos.

Estos costos son justificables cuando se trata de remover a una autoridad pública corrupta, pero no cuando las acusaciones carecen de fundamento jurídico y solo buscan fines políticos, ya que solo deterioran nuestra institucionalidad. En una democracia robusta y cuando contamos con capital institucional sólido, este desgaste sería menor, pero en la actual crisis de legitimidad democrática, abusar de este mecanismo es como hacerle agujeros a un bote que ya se está hundiendo. Los costos se pagan acumulados sobre los errores del pasado.

El Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) fueron tremendamente irresponsables durante el gobierno del Presidente Piñera al abusar de este mecanismo con fines políticos, contribuyendo al deterioro de la institucionalidad que tenemos hoy. Si la derecha busca ahora devolverles “ojo por ojo”, simplemente, todos quedaremos ciegos.

Tomás Larraín Lazcano