El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, trazó una línea clara: “Un criminal condenado a 1.047 años de cárcel debe permanecer en la cárcel. Esa es una línea roja absoluta”. Hablaba de Miguel Krassnoff, condenado por más de 70 casos de secuestros calificados, torturas y homicidios. Su frase defiende un mínimo ético insoslayable: estos crímenes no se relativizan ni se negocian. Ese mínimo es precisamente lo que el negacionismo busca erosionar.

El término nació en la posguerra, cuando Rassinier argumentó la inexistencia de un plan sistemático de exterminio judío. En Si Auschwitz no es nada, Donatella Di Cesare sostiene que el negacionismo es “una forma de propaganda política que falsea el pasado y amenaza la comunidad del futuro”. No cuestiona interpretaciones: niega los hechos mismos, suprimiendo las condiciones necesarias para la confrontación de ideas.

Mientras el revisionismo académico reexamina eventos con nuevas fuentes sin negar hechos centrales, el negacionismo rechaza evidencia abrumadora. Los negacionistas actúan como “dobermans del pensamiento”: no buscan conocimiento genuino. Instalan “dudas hiperbólicas” —no dudas constructivas, sino “dudas que se plantean para negar o menospreciar los hechos, para destruir la memoria y aspectos sustanciales de la comunidad democrática”. El negacionista no busca precisión sino sembrar desconfianza sistemática.

Hoy se expande más allá de crímenes de lesa humanidad. El negacionismo climático cuestiona datos científicos sobre calentamiento global. El negacionismo electoral niega legitimidad de procesos sin evidencia de fraude, sembrando desconfianza en instituciones electorales. Todos estos negacionismos comparten estructura: niegan hechos documentados, instalan dudas paralizantes, invierten responsabilidades. Erosionan la credibilidad de instituciones democráticas, haciendo que ciudadanos desconfíen de procesos electorales, de ciencia, de justicia, de memoria histórica.

Di Cesare advierte que “los actos negacionistas niegan este acuerdo (de derechos humanos como marco ético), afectando no solo a quienes lo vivieron, sino las bases mismas de la democracia”. Los derechos humanos post 1945 son mínimos civilizatorios fundamentales. El negacionismo niega este acuerdo fundacional, erosionando las instituciones democráticas que lo sostienen. Cuando se cuestiona la credibilidad de verdades judicialmente establecidas, cuando se siembra duda sobre resultados electorales, cuando se rechazan consensos científicos, se debilita la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Sin verdades compartidas, sin instituciones confiables, sin acuerdos mínimos, la democracia pierde sus fundamentos.

Por eso importa tanto que la defensa de estos mínimos éticos sea transversal. Sin acuerdos básicos sobre la verdad del pasado, no hay democracia que resista. En eso, Di Cesare tiene razón: el negacionismo no solo amenaza la memoria; al desfondar esos consensos, perfora silenciosamente el futuro democrático que decimos querer proteger.

Por Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores