Una reciente auditoría de la Contraloría evidenció que ciertos municipios destinaron en 2025 más presupuesto en celebraciones que a asistencia social. En un contexto de crecientes exigencias y de estrechez fiscal, y agudizado por la incertidumbre internacional y su efecto en el país, resulta imprescindible volver a poner el foco en el buen uso de los recursos públicos y contar con un mecanismo que permita identificar a los hogares con más necesidades. Por ello, es clave que el gobierno priorice el perfeccionamiento del instrumento de focalización, como una condición necesaria para dirigir correctamente el gasto social.

Chile cuenta con una extensa historia de mecanismos para focalizar los programas sociales. Desde la Ficha CAS a fines de los setenta hasta el actual Registro Social de Hogares (RSH). A pesar de los cambios, el fin de estos sigue siendo contar con un instrumento objetivo para entregar la ayuda social a los hogares con mayores carencias. A partir de la información del RSH se ordena a los hogares en siete tramos considerando ingresos, composición del hogar, discapacidad, dependencia, además de ciertos antecedentes patrimoniales.

A 10 años de su implementación y pese al avance que significó el RSH (como verificar la información con registros administrativos), persisten espacios importantes de mejora. Una de las principales distorsiones es que sobreestima a la población con mayores carencias. Según la Casen 2024, usando la metodología más exigente, hay 3.478.364 personas en pobreza. En cambio, el tramo de mayores carencias del RSH contabiliza 9.762.789 personas en marzo de 2026, es decir, casi tres veces más.

Parte de esta brecha se explica porque el RSH combina información administrativa con datos autorreportados. En estos últimos se observa una reducción artificial del tamaño de los hogares y un aumento de hogares unipersonales, lo que sugiere una posible exclusión de miembros con mayores ingresos. A ello se suma la subdeclaración de ingresos, en especial de los trabajadores informales.

Ambos problemas pueden solucionarse a partir del uso intensivo de registros administrativos, detección sistemática de descalces entre lo declarado y lo registrado, integrando plataformas para un registro único de composición familiar. Otras medidas deberían identificar de manera más precisa al subgrupo de “mayores carencias” entre los hogares con más vulnerabilidad, de modo de focalizar su ayuda en ellos y, por cierto, ampliar el uso de un RSH en la política pública (solo 133 de los 705 programas estatales lo utilizaron en 2025).

También es clave terminar con políticas del “todo o nada”, que incentivan el mal uso del RSH y la fragmentación de hogares, y evitar beneficios universales que terminan diluyendo la capacidad de apoyo del Estado.

En un contexto de recursos limitados, el RSH debería consolidarse como el principal instrumento para identificar a los beneficiarios prioritarios. Solo así será posible asignar de una manera eficiente los fondos públicos disponibles.

Por Paulina Henoch, Coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de LyD