El nombramiento del Presidente electo José Antonio Kast de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad Pública pone en jaque la autonomía del Ministerio Público, pues tiene el potencial de condicionar a la Fiscalía como promotora de cargos políticos.

La falta de perfiles políticos en materia de seguridad y la alta criticidad de este cargo ejecutivo, están haciendo que el sistema no asuma en toda su magnitud el debilitamiento de la institucionalidad penal que implica un nombramiento como éste.

El punto de discusión no se relaciona con las competencias de la ex fiscal de Tarapacá para encabezar este ministerio. Por el contrario, su desempeño en una fiscalía compleja, probablemente, la ha curtido con la experiencia necesaria para enfrentar los grandes desafíos vinculados a la seguridad y la persecución penal, lo que incluye confrontar el crimen organizado en una frontera porosa y sobrecargada.

Pero, surgen dudas -tal vez mezquinas para algunos-, pero legales, respecto de si hubo reuniones entre Steinert y el círculo de Kast mientras era fiscal; con quiénes, en qué horarios y frecuencia, con qué medios y qué temas se analizaron en dichas instancias. En esta área chica, se seguirá polemizando acerca de si la entonces fiscal compartió con la Oficina del Presidente Electo conocimientos de la priorización penal, críticas al órgano persecutor o causas pendientes. Todos elementos prohibidos por la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la búsqueda de alejar a la institución de reuniones con “corazón político” propias del Poder Ejecutivo.

Más allá del articulado de la Ley, el punto ciego que hemos omitido -por conveniencia o ignorancia- es que la esencia de la reforma al sistema procesal penal fue dotar al Ministerio Público de elementos que le permitan ser un órgano técnico y autónomo de los poderes del Estado. Incluso, en la Historia de su Ley Orgánica, el leit motiv de la discusión fue trazar una frontera entre la política y la persecución penal, por “el serio peligro de politización del Ministerio Público”.

De lo contrario, el gran riesgo es privar al Ministerio Público de una importante salvaguarda de objetividad e imparcialidad, convirtiendo la institución en un trampolín político para la nominación de superministros o zares de Seguridad u otros cargos políticos, capaces de aumentar el lawfare como elemento disruptor del ecosistema político o transformar la institución en una plataforma para otros cargos públicos. Dicho interés crece en cargos de fiscal nacional y fiscal regional que tienen fecha de caducidad y la necesidad de dichos funcionarios de reinventarse, y ver en la política una nueva fuente laboral. Así, ¿cambiamos autonomía funcionaria por ambición política?

Circunstancias institucionales y riesgos democráticos que no fueron evaluados al momento de legislar sobre el Ministerio de Seguridad Pública ni en esta designación. Algo que pasa cuando se trabaja a matacaballo, erosionando las instituciones, sin examinar los perfiles y requisitos políticos y técnicos de estas.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile