Por Daniel Weinstein, abogado

En las novelas sobre Sherlock Holmes, el elemento clave para resolver el misterio no era lo que estaba en la escena del crimen, sino lo que no estaba. Si este personaje analizara la regulación de la minería que quedó plasmada en el borrador de la nueva Constitución, probablemente diría “elemental mi querido Watson, la clave no es lo que ahí está, sino lo que no está”. En efecto, el denominado Estatuto Constitucional de los Minerales consta de unos pocos artículos, los cuales no introducen cambios importantes a la regulación minera, aunque tampoco consagran los pilares fundamentales sobre los que se sostiene dicha actividad.

Al analizar las diversas iniciativas discutidas por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, hay dos ideas matrices que han destacado: la nacionalización de la minería y el cambio del sistema concesional actual por uno de autorizaciones administrativas, de carácter temporal, que no otorgaban propiedad sobre dichos derechos. Ambos conceptos son hasta cierto punto excluyentes el uno del otro, no obstante, se presentaron al Pleno para consagrar estas propuestas a nivel constitucional. Como sabemos, fueron rechazadas en tres ocasiones, por lo que no quedaron plasmadas en el articulado que regula la minería.

El rechazo de la nacionalización de la minería como del cambio al sistema concesional (que no es malo per se, pero no estaba bien regulado en las propuestas) dio cierta tranquilidad a la industria minera, desde las grandes empresas hasta los pequeños mineros e incluyendo, por cierto, a la extensa red de encadenamientos productivos, especialmente en las regiones del norte.

Ahora bien, el texto aprobado por el Pleno significó, en la práctica, que los pilares fundamentales de la actividad minera no hayan quedado consagrados en el borrador de la nueva Constitución. Lo anterior conlleva una serie de interrogantes que no contribuyen a dar la tan ansiada certeza jurídica al sector minero.

Ejemplo de ello es la naturaleza y los derechos que otorga el título habilitante para explorar y explotar la concesión minera, materias hoy consagradas a nivel constitucional: actualmente otorgan a quien desarrolla la actividad minera una relativa certeza que, independiente del gobierno de turno, sus derechos gozan de protección. De forma similar, hoy una Ley Orgánica Constitucional -que para modificarse requiere de un quórum de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio- establece los minerales que son susceptibles de darse en concesión, así como qué requisitos deben cumplir los privados para explotar aquellos que no lo son.

Más que una regulación minimalista, la regulación del sector minero en la nueva Constitución es una normativa incompleta.

Al no estar consagrados constitucionalmente o en leyes de quórum calificado los pilares sobre los cuales se basa la actividad minera se abre la puerta para que, en el futuro, dichas materias sean reguladas por leyes ordinarias, las cuales, de acuerdo con la nueva Constitución, pueden aprobarse por mayoría de los congresistas presentes. Esto quiere decir que mayorías ocasionales podrían modificar una y otra vez materias respecto de las cuales se requiere tener estabilidad normativa.

Ya sea que se apruebe o no la nueva Constitución, sería esperable que vengan cambios a la regulación minera. En tal sentido es deseable que, tanto el poder legislativo como el ejecutivo tengan presente que, siendo la minería una actividad intrínsicamente incierta (la posibilidad de descubrir un yacimiento de cobre importante es de 1 en 1.000), que requiere un gran capital y que es de largo plazo, el tener reglas del juego claras y estables es para un país igual de importante que su potencial geológico. Por ello, es imperativo no solo tener leyes que promuevan el hacer más y mejor minería, sino además que se encuentren los mecanismos para darle estabilidad en el tiempo a dicha normativa.

Mantener y ojalá aumentar la inversión minera -lo cual depende en gran parte de la regulación que se le dé al sector- nos dará los recursos para seguir progresando como país, mejorando la calidad de vida de todos, y en especial de los sectores que más protección necesitan.