El plazo fatal es julio, cuando la Convención Constitucional deba terminar su labor y entregar una propuesta de nueva Constitución. Para que ella exista, sus artículos tendrán que ser respaldados por 2/3 de sus integrantes, es decir, por 103 votos. Hasta ahora, las comisiones han aprobado por mayoría absoluta un conjunto de normas provisorias. Los artículos evacuados que han causado polémica, preocupación y también respaldo en diversos sectores, son el fiel reflejo de los colectivos que han logrado construir hegemonía al interior de la Convención: PC, ex Lista del Pueblo, movimientos sociales y representantes de pueblos originarios.

La estrategia desarrollada por esta izquierda hegemónica es clara: tiene los votos para imponer su agenda en las comisiones y no le tiemblan las rodillas ante el riesgo de que, al final, sus postulados no consigan los 2/3. Sabe que son los sectores moderados quienes cargan con el imperativo de no dejar caer el proceso. En efecto, el PC y sus aliados han tenido desde el inicio una distancia crítica con las reglas del juego impuestas por el acuerdo del 15 de noviembre y no ven como un drama que este no fructifique. Primero, porque pueden exigir más tiempo, algo a lo que solo se opondrá la derecha, que en ese caso será responsable si su negativa impide llegar a puerto. Y segundo, porque si al final no hay un texto consensuado o, habiéndolo, termina ganando la opción del rechazo en el plebiscito de salida, la izquierda tiene un plan B: insistir en los vicios de origen del proceso y reinstalar la lógica insurreccional.

La izquierda asume que los sectores moderados se verán entonces obligados por las circunstancias a ceder para construir ahora las mayorías necesarias. Ha ganado en las comisiones y es desde ese piso que comenzará la negociación. Cada porción cedida por ellos será cobrada a su máximo precio posible, y ese precio no es otro que el acercamiento de los moderados a sus posiciones. En los hechos, esa lógica será impuesta también sobre el nuevo gobierno: necesita orden en su coalición, mayorías y que la Convención no fracase. Si no hay un texto aprobado o si se impone el rechazo en el plebiscito de salida, Gabriel Boric y su administración quedarán colgando de un hilo. Por tanto, el Ejecutivo estará forzado a ayudar a que los acuerdos se produzcan. Y esos acuerdos tienen como condición el piso aprobado en las comisiones, el imperativo a ceder para salvar el proceso y la fuerza de los que no ven el fracaso como algo dramático.

En resumen, los sectores hegemónicos están en el mejor de los mundos. Tienen a los moderados y al próximo gobierno de rehenes. Han sabido usar la presión política y el chantaje moral en los momentos precisos. Y cuando lo han requerido, no han vacilado en dejar fuera de sus acuerdos al FA y al PS. Es el arte de saber usar el apremio y la debilidad de sus propios aliados para ganar o ganar.