El último tramo de la vida es una experiencia inevitable para todos, marcada de muchas formas que incluyen los recuerdos de quienes ya han partido. Si bien en ocasiones este momento llega con paz, no es raro que esté acompañado de un sufrimiento y un dolor que ningún tratamiento logra mitigar. En estos casos, muchas personas dejan de pedir fármacos o hospitalizaciones, y buscan algo más esencial: la oportunidad de decidir y ser acompañados con respeto y compasión en una etapa llena de miedos e incertidumbres.

El hecho de que en Chile pueda ver la luz una ley sobre eutanasia representa un avance significativo. Así se reconoce una deuda pendiente y se nos invita a reflexionar sobre cómo queremos acompañar el final de la vida. Legislar sobre la eutanasia no implica fomentar la muerte ni imponer una única forma de ver la vida, sino que abre la posibilidad a que cada cual defina cómo y de qué forma quiere enfrentar este momento.

En Chile contamos con la Ley de Cuidados Paliativos Universales, la cual debe garantizarse y fortalecerse en paralelo a la nueva legislación sobre eutanasia. Por cierto, en ambos casos el apoyo emocional es fundamental para pacientes y familias, ayudando a sobrellevar la angustia, el duelo anticipado y la complejidad de esta etapa.

Construir esperanza al final de la vida es esencial, pero depende de la disposición de la persona a acogerla. Aquí surge un límite claro: respetar la autonomía de quien vive una situación en la que la esperanza de recuperación se ha perdido. En tales circunstancias, tanto la enfermedad como la cercanía de la muerte se experimentan desde la subjetividad del paciente y su entorno, influidos por sus valores y significados. La labor médica no es imponer una visión, sino acompañar y sostener, incluso cuando ya no se puede compartir la esperanza.

La experiencia internacional brinda valiosas lecciones. En Europa, Países Bajos, Bélgica y España han legislado sobre la eutanasia, estableciendo protocolos rigurosos que equilibran el respeto por la autonomía con sistemas de supervisión. En Latinoamérica, Colombia ha incorporado estos procedimientos en su sistema de salud pública, garantizando equidad y acompañamiento integral, mientras que Uruguay y México han avanzado hacia marcos legales más claros. Estas experiencias demuestran que, con una regulación adecuada, es posible resguardar tanto a los pacientes como a los equipos de salud.

Por otro lado, una legislación clara protege a quienes cuidan: actualmente, muchos equipos de salud enfrentan dilemas éticos sin respaldo legal. Una ley con salvaguardas estrictas aporta seguridad y establece protocolos transparentes, asegurando que la eutanasia solo se contemple después de haber ofrecido todas las opciones de cuidado, evitando que el nivel socioeconómico determine la calidad de la atención.

Estas decisiones nunca son sencillas. Por ello, la ley debe garantizar que la solicitud sea siempre voluntaria, informada, reiterada y libre de presiones, además de reconocer la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.

Discutir y legislar sobre el final de la vida no disminuye el valor de la existencia; por el contrario, reconoce su complejidad y el derecho de cada persona a decidir cómo vivir hasta el último momento. Para la medicina, esto supone avanzar hacia una práctica más humana, que no solo busca prolongar la vida, sino también mitigar el sufrimiento, acompañar y honrar la dignidad de quienes confían en nosotros. Entre los objetivos médicos está, por supuesto, curar, además de aliviar y humanizar.

Por Matías González T., decano Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales