El actual proceso de definición de candidatos a convencionales ha adelantado la discusión que dará la convención constituyente por incluir mayores derechos sociales, especialmente en seguridad social. La grave crisis que el sistema de pensiones atraviesa y las exigencias al sistema de salud requieren establecer derechos universales y, al mismo tiempo, efectuar reformas sustantivas que garanticen coberturas y calidad de estos servicios para toda la ciudadanía. Hoy tenemos (in)seguridad social, con prestaciones insuficientes y altamente dependientes del empleo formal. El sistema de protección social requiere ser repensado con una mayor y mejor articulación entre el pilar contributivo y no contributivo, considerando un tercer piso de aportes voluntarios. Tradicionalmente, los sistemas de protección se han estructurado en: seguridad social contributiva -mediante aportes de trabajadores formales-, asistencia social no contributiva -financiada con impuestos generales- y trabajo.

Es precisamente en el pilar del trabajo donde se han expresado múltiples cambios que se han acelerado producto de la necesidad de distanciamiento físico por la emergencia sanitaria. Primero, se observa un movimiento hacia nuevas formas de empleo como, por ejemplo, el teletrabajo y el empleo a través de plataformas digitales. Segundo, se ha producido un aumento de la informalidad en el contexto de la crisis desatada por el Covid-19 y, tercero, el empleo femenino se ha visto especialmente castigado, aumentando su informalidad.

La pandemia está durando más de lo presupuestado y sus efectos negativos en el empleo de los grupos más vulnerables, su dignidad personal y la estabilidad social exigen un fortalecimiento de la protección social. Las medidas implementadas para enfrentar la mayor duración de la crisis (extensión del IFE, la Ley de Protección al Empleo y un nuevo retiro del 10%) aportan, pero son insuficientes. Todas tienen un enfoque paliativo y de corto plazo, sin que se planteen vinculaciones entre estas medidas y el funcionamiento de la protección social a mediano y largo plazo, como la urgente reforma del sistema de pensiones y del sistema de salud. Junto con esto se necesitan, además, medidas que vinculen, por ejemplo, incentivos al empleo femenino y políticas de cuidado articulando, en el mediano plazo, mejores soluciones para las trabajadoras.

Al Estado le cabe un rol central no solo en enfrentar la urgencia de la crisis. También debe articular medidas que permanezcan en el mediano y largo plazo. Las acciones en apoyo de los grupos más vulnerables han amortiguado el golpe de la crisis económica y se han centrado en facilidades de préstamos, beneficios tributarios, beneficios de seguros sociales y transferencias directas (ingresos y especies). Estos esfuerzos han sido necesarios, pero insuficientes. Más aún en el contexto en el que muchos recursos han venido directamente del bolsillo de los trabajadores.

En la primera década del 2000 se crearon mecanismos que hoy se ocupan (seguro de desempleo y subsidio a la contratación). ¿Cuáles medidas de las implementadas en esta crisis Covid-19 permanecerán como parte del sistema de protección social? Es indispensable convocar y escuchar a diversos actores, y lograr acuerdos sustantivos en materia de protección social para que el país pueda avanzar en la concreción de derechos sociales que la ciudadanía tanto anhela. La demanda hacia el gobierno por una mayor participación del Estado en protección social, seguros de desempleo funcionales y mejores sistemas de salud requerirá un acuerdo político amplio y sustantivo, también un mayor gasto que deberá ser financiado de manera sostenible. ¿Estaremos como país a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos?