Intentos por desnaturalizar el espíritu de la Convención Constitucional

La declaración emitida esta semana por 34 constituyentes articulados en la “Vocería de los Pueblos” -allí participan personeros electos en la Lista del Pueblo, algunos electos en cupos para pueblos originarios y otros independientes- ha tensionado fuertemente el ambiente con que la Convención Constitucional dará inicio a su delicada labor. En su planteamiento, la vocería no solo demanda una serie de “garantías democráticas” para el desarrollo de la convención -entre ellas, la liberación de los “presos de la revuelta”-, sino que reivindica el carácter de poder constituyente originario y por tanto autónomo, que por tanto no puede ser limitado por las reglas establecidas en el Acuerdo por la Paz y su posterior reforma constitucional. “Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda la institucionalidad de nuestro país, que habrá de someterse al fin a la deliberación popular”, dice parte de la declaración.

Distintas voces políticas han salido a rechazar estos dichos, entre ellas la presidenta del Senado y eventual carta presidencial de la DC, quien señaló que “ningún grupo tiene hoy día la posibilidad de imponer al otro normas de funcionamiento”, en tanto que distintos dirigentes de la centroizquierda también se han pronunciado en un sentido similar. Desde Chile Vamos hubo reproches especialmente duros.

Resulta desconcertante que cuando la convención ni siquiera se ha constituido como tal, ya comiencen a articularse voces que plantean desconocer las reglas fundamentales de dicha instancia -que fueron fijadas por una amplia mayoría del Congreso y luego refrendadas por la ciudadanía en el plebiscito constitucional de octubre pasado-, atribuyéndose facultades que expresamente no les han sido concedidas bajo un malentendido concepto de soberanía originaria. Planteamientos de esta naturaleza estresan las bases de la institucionalidad y siembran dudas sobre el desempeño de la futura convención, por lo que llama la atención que con el paso de los días no hayan surgido más voces de constituyentes rechazando este proceder.

Las reglas establecidas para el proceso indican que se parte de una hoja en blanco, pero los acuerdos -así como el reglamento de la convención- habrán de suscribirse por los dos tercios de los constituyentes, y aun teniendo amplísimas facultades a la hora de redactar el texto constitucional, existen algunas limitaciones básicas, como el hecho de que Chile seguirá siendo una república democrática, así como el respeto a los tratados internaciones que el país ha suscrito.

Quienes decidieron competir por un cupo a la convención lo hicieron bajo dichas reglas, y por tanto pretender desconocerlas para ser reemplazadas por otras que serán definidas por la misma convención no solo resulta un grave atentado a la fe pública, sino que, además, sugieren un peligroso afán totalitario, al pretender instaurarse como una instancia con potestades absolutas, sin limitación alguna. El caso venezolano es señero en mostrar las consecuencias de una asamblea constituyente que toma el poder total, pasando a llevar al propio Congreso y legitimando una dictadura.

A la vocería también se ha sumado la voz de Marcos Barraza, constituyente del Partido Comunista -miembros del Frente Amplio también se han abierto a evaluar los planteamientos que ha hecho la vocería-, que abiertamente ha planteado que deben cambiarse estas normas “ilegítimas” -particularmente la referida a los dos tercios-, buscando para ello fórmulas “institucionales”, como instaurar los plebiscitos intermedios, o incluso apostar a que el siguiente Congreso cambie las actuales reglas, entregando potestades totales a la convención. Aun cuando se pueda estimar que este último camino es legal, pues apela a cambiar las reglas a través del proceso legislativo, esconde un grave peligro, pues por la vía institucional se pretende deliberadamente desconocer el espíritu del acuerdo suscrito en noviembre de 2019 -todos los acuerdos serían fruto de los dos tercios-, denotando, además, que al Partido Comunista no le interesa consensuar ni dialogar, sino buscar todos los medios para que una mayoría imponga su visión al resto.

Tampoco puede pasarse por alto la noción de que todo lo aprobado por el actual Congreso es ilegítimo. Ello resulta en un desconocimiento a principios democráticos fundamentales, lo que debe poner en alerta a todas las fuerzas que están por defender una democracia constitucional, con pleno apego al estado de derecho y a la voluntad expresada en las urnas. En tal sentido, cabe lamentar que desde el propio Congreso no se haya escuchado con más fuerza un rechazo a este tipo de posturas y una defensa decidida a los fueros del Poder Legislativo, que está investido de plena legitimidad y cuya autoridad no puede ser desconocida.

Para que el proceso constituyente tenga éxito y efectivamente logre consensuar un texto que surja de grandes acuerdos y no de imposiciones, es fundamental el diálogo, la buena fe y alejarse de las tentaciones avasalladoras, porque lo peor que podría ocurrir es que el resultado de la convención produzca una Constitución que solo represente a un sector del país. Ello dejaría abierta la puerta para que apenas se conforme una mayoría distinta, busque su reemplazo.