Hace poco publiqué un libro con propuestas de políticas públicas para el próximo gobierno. No es un ejercicio académico: muchas de esas ideas las vengo planteando hace más de 50 años, con poco eco. Salvo dos excepciones que sí se materializaron —la factura electrónica y el Canal del Fútbol—, el resto quedó en el cajón del “después lo vemos”. Como empresario, sé que la perseverancia es parte del oficio; por eso decidí volver a ponerlas sobre la mesa.

Si tuviera que escoger una sola reforma para destrabar crecimiento, empleo formal y financiamiento social estable, sería esta: una reforma tributaria racional e integral. Chile no necesita otra reformita para tapar hoyos; necesita rearmar su sistema completo.

Parto de cuatro principios. Primero, crecer para compartir: sin crecimiento vigoroso no hay política social sostenible. Segundo, impuestos simples, pocos, bajos y masivos: es mejor cobrar poco a muchos que mucho a pocos; bases amplias permiten tasas bajas y menos evasión. Tercero, un Estado que sirva: menos trámites, más metas medibles y servicios que conversen entre sí. Cuarto, la infancia primero: si no emparejamos la cancha antes de los seis años, después solo administramos daños.

Bajo esos principios, el diagnóstico es incómodo. Desde 2014 el sistema tributario se volvió un laberinto: múltiples regímenes, interpretaciones infinitas, incertidumbre y litigación. Se castiga el trabajo formal, el emprendimiento, el ahorro y la inversión; y, al mismo tiempo, se abren grietas para eludir. Resultado: crecemos poco, formalizamos poco y redistribuimos mal. Por eso la pregunta correcta no es ¿cómo subimos un poco la recaudación?, sino ¿cómo recaudamos mejor sin apagar el motor?.

Una reforma de verdad se apoya en tres cambios coherentes: (1) bajar fuerte los impuestos a la renta de personas y empresas, con tasa plana baja (10%), integración total y una exención real para los cuatro primeros deciles; (2) reemplazar parte de esa recaudación con impuestos masivos, sanos y difíciles de evadir, aplicados al consumo y al uso de bienes y servicios hoy subgravados; y (3) asegurar progresividad, con devolución decreciente del IVA y transferencias automáticas a los hogares vulnerables.

Finalmente, establecer una depreciación instantánea para todas las nuevas inversiones, lo que afecta de forma insignificante el valor presente de las recaudaciones tributarias futuras, pero es un buen incentivo para las nuevas inversiones.

En concreto: impuesto integrado de primera y segunda categoría; eliminación de regímenes paralelos; tributos acotados por externalidades (emisiones, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas); devolución de IVA focalizada; impuesto por kilómetro recorrido; impuesto a la logística de cargas con trazabilidad en fronteras; impuesto negativo o subsidio al trabajo formal para rentas bajas y para primeras contrataciones de menores de 25 años; y un marco de estabilidad pro-inversión tipo “DL 600 2.0” para grandes proyectos, con reglas claras y horizonte largo.

Y una política social temprana, simple y medible: un subsidio inferior a UF 4 por niño menor de siete años, focalizado en los cuatro primeros deciles. Eso ayuda, pero no reemplaza lo esencial: la mejor redistribución es el empleo formal. Los subsidios deben ser pocos, bien justificados y llegar a quien corresponde.

Chile no se va a ordenar con parches. O hacemos una reforma tributaria integral —simple, estable y procrecimiento—, o seguiremos atrapados en el ciclo de siempre: baja inversión, baja recaudación y promesas imposibles. La madre de todas las reformas es ahora.

*El autor de la columna es ingeniero civil y comercial de la UC