A lo largo de esta administración, la política fiscal se ha convertido en un asunto donde el Ejecutivo se ha visto obligado a dar constantes explicaciones por promesas incumplidas, socavando la credibilidad de los agentes del mercado de nuestra institucionalidad fiscal.

Entre 2023 y 2025, el Ejecutivo incumplió sistemáticamente sus metas autoimpuestas de balance estructural, acumulando déficits mayores a los anunciados y empujando la deuda hacia el umbral prudente del 45% del PIB, mermando de paso los ahorros fiscales de los fondos soberanos. Todo esto ocurrió, además, en un contexto externo relativamente favorable, con términos de intercambio elevados y costos financieros relativamente estables. En otras palabras, no fue el mundo el que presionó a Chile; por el contrario, se desaprovechó una oportunidad para ordenar las cuentas públicas cuando era más fácil poder hacerlo.

La narrativa de que “se hizo un gran ajuste fiscal” en 2022 requiere a su vez precisiones. La caída del gasto de ese año respondió, casi por completo, al término del IFE y de las medidas extraordinarias asociadas a la pandemia. Excluidos esos factores, el gasto siguió creciendo, con aumentos relevantes en burocracia, prestaciones previsionales e intereses, mientras la inversión pública se mantuvo rezagada. Lo transitorio se celebró como permanente y esa confusión termina pagándose caro cuando no se cuenta con los ingresos que la sustentan.

Desde 2024 se materializó, además, un problema particularmente dañino para la credibilidad fiscal: el sesgo reiterado en la proyección de ingresos. Se sobreestimó la recaudación bajo supuestos optimistas, lo que amplificó el margen para gastar hoy a costa del ajuste futuro. Ese debilitamiento del marco fiscal explica una parte importante de los desvíos recientes. La meta fiscal para 2024 era un déficit estructural de -1,9 % del PIB, pero el resultado fue de -3,3 %. Se incumplió la regla y, con ello, se deterioró la confianza en la trayectoria anunciada.

Pero lo más preocupante es que el 2025 pareciera repetir el mismo patrón. Tal como lo consignó este medio, un grupo de expertos anticipó que el cierre fiscal de este año superaría ampliamente lo proyectado por el gobierno. La desviación sería de tal magnitud que el déficit estructural, comprometido en 1,1% del PIB al presentar el presupuesto 2025, podría terminar por superar 3% del PIB, es decir, casi tres veces la meta inicial. Más allá del número exacto, lo grave es la tendencia, con proyecciones que se corrigen al alza a medida que avanza el año y que terminan postergándolo al año siguiente. Como ya se ha indicado en estas mismas páginas, sigue siendo un asunto pendiente de debatir hasta dónde las autoridades a cargo pueden incurrir en estos gruesos errores de proyección, comprometer con cargo a ello gastos cuantiosos o modificar metas fiscales sobre la marcha sin que ello conlleve ningún tipo de responsabilidad.

Todo esto agrava el punto de partida de la próxima administración. Si el gobierno entrante quiere cumplir su promesa de consolidación fiscal, esto es, converger hacia un equilibrio entre ingresos y gastos permanentes, deberá realizar un esfuerzo severo en un contexto político naturalmente complejo durante el primer año de gestión, bajo presión por ejecutar prioridades y en un país que exige respuestas inmediatas.

Algunos analistas miran el precio del cobre como una suerte de salvavidas frente a este deterioro fiscal. Sin duda ello ayudará, pero solo en el margen y de manera transitoria. El cobre puede mejorar el resultado efectivo de un año, pero no resuelve nuestro problema estructural. Los ingresos permanentes no se ven alterados por un efecto transitorio y, en consecuencia, no ayudan a la consolidación fiscal.

De allí que si el próximo gobierno quiere cumplir su promesa de consolidación fiscal y, al mismo tiempo, impulsar una agenda de crecimiento, deberá ordenar prioridades. En primer lugar, sincerar el punto de partida, sin disfrazar ingresos ni recurrir a supuestos complacientes. En segundo lugar, establecer una trayectoria creíble de reducción del déficit estructural, con metas anuales verificables. En tercer lugar, identificar medidas permanentes por el lado del gasto: reducción de programas duplicados, evaluación rigurosa de subsidios, control estricto del crecimiento del empleo público y una estrategia explícita para contener el gasto corriente.

En paralelo, si el programa incorpora rebajas tributarias o incentivos a la inversión, debe explicitar su secuencia y su financiamiento. En un país con estrechez fiscal, la única forma responsable de hacerlo es de manera gradual y con medidas compensatorias verificables. Lo contrario es repetir el mismo problema que hoy se critica, con promesas financiadas con supuestos optimistas que acrecientan el déficit estructural.

La mochila fiscal que hereda el próximo gobierno será definitivamente pesada. El desafío es convertirla en un plan consistente, con ajustes allí donde hay ineficiencia, crecimiento donde hoy existen trabas y credibilidad donde se ha erosionado la confianza. En esta línea, las primeras señales entregadas por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, son en principio auspiciosas, respecto de la llegada a la Dirección de Presupuestos de un equipo con probada experiencia, sumado a su compromiso de lograr un balance fiscal hacia el final del próximo gobierno.