Lecciones de una fallida acusación constitucional

A pesar del ímpetu con que fue presentada la acusación constitucional en contra del ministro de la Vivienda -en donde se buscaba hacer efectiva su responsabilidad por los líos de platas vinculados a una serie de fundaciones-, esta terminó en un rotundo fracaso, ya que en la sala de la Cámara de Diputados se acogió la cuestión previa que hizo valer la defensa. Entre otros aspectos, allí se hicieron ver una serie de gruesos errores que contenía la acusación, como por ejemplo la incorrecta invocación de artículos del Código Penal.

El traspié desató una serie de recriminaciones al interior de la oposición, donde se intentó deslindar responsabilidades en quienes tuvieron a cargo la redacción del texto, pero lo cierto es que en la medida que la acusación fue respaldada por todos los partidos de Chile Vamos, republicanos y el Partido Social Cristiano, la responsabilidad por este bochorno es colectiva.

Este paso en falso representa una dura derrota para el sector. Por de pronto, se trata de la quinta acusación constitucional que presenta bajo esta administración, ninguna de las cuales ha logrado prosperar. Se repite aquí un patrón, cual es la impericia de impulsar acusaciones sin que se haya asegurado un cierto caudal de votos que a lo menos dé un cierto sustento. Con ello no solo le ha regalado nuevamente un triunfo político al oficialismo, sino que además tuvo como efecto afianzar al ministro de la Vivienda en su cargo, al menos momentáneamente. Esto último resulta de especial complejidad, considerando la débil posición en que se encontraba Carlos Montes a raíz de una serie de antecedentes que cuestionaban las versiones que se habían entregado a la opinión pública respecto del momento en que tomó conocimiento de estos escándalos, o por su falta de control sobre la forma en que el Ministerio maneja sus recursos.

Un desaguisado de este tipo tiene también inevitables repercusiones institucionales, de los cuales sus responsables deben hacerse cargo. Como ya se ha indicado en reiteradas oportunidades en estas páginas, el abuso de las acusaciones constitucionales -una práctica en que han caído por igual izquierdas y derechas- no solo ha terminado por generar un profundo descrédito de la actividad política, sino también ha desnaturalizado por completo el sentido de esta valiosa herramienta de control que la Constitución entrega al Congreso. El hecho de que en esta oportunidad se haya presentado una acusación desprolija y con graves errores jurídicos, además de constituir un hecho inédito, trasluce una preocupante falta de conciencia por intentar cuidar el prestigio de la labor parlamentaria.

El descrédito que se produce con este tipo de actuaciones va mucho más allá de sus impulsores, sino que termina afectando la imagen del propio Congreso. De allí que cabe esperar que finalmente todos los sectores políticos hayan logrado internalizar las lecciones que ha dejado este lamentable caso, en particular la necesidad de cuidar apropiadamente las instituciones.