SEÑOR DIRECTOR:

El oficialismo estaba indignado en el Senado, luego de la aprobación de la denominada “ley corta de Isapres” en su primer trámite constitucional. No al perdonazo, no al salvataje, recursos ante el TC y compromiso de revertir la demonizada “mutualización” en la Cámara de Diputados.

Las estridentes declaraciones de los congresistas oficialistas contrastaron con el silencio sepulcral de la gran mayoría de ese grupo parlamentario frente a los dramas que viven las familias de los 44 mil pacientes fallecidos esperando por una atención estatal que nunca llegó; los 173 mil pacientes que esperan por más de 12 horas en urgencias por una cama en un hospital, o los 2,4 millones de chilenos que no recibieron inmunización porque las vacunas se vencieron y fueron tiradas a la basura.

Ahora bien, algunos dirán que son comprensibles las declaraciones iracundas, porque bajo el prisma de la izquierda se está dilapidando la posibilidad de cumplir con su programa de gobierno: no podrán erradicar a las Isapres del mapa de la seguridad social... o no tan fácilmente.

De aprobarse la ley como está, se desperdiciaría la gran ayuda legislativa que fue entregada por la Corte Suprema, que zanjó de forma general una materia que evidentemente era política y no judicial. Entonces, la ilusión del “salvataje ideológico” hoy aparece frustrado.

Si bien la norma aprobada era parte del acuerdo técnico-político original (que comprometía unánimemente desde RD a la UDI, fruto de tres meses de trabajo), el gobierno intentó desecharlo por secretaría.

No obstante, de aprobarse -aunque improbable- la ley como está, no se resuelve la grave crisis de la salud en nuestro país. Más bien se podría decir que solo se está logrando agregar un nuevo “alambrito”, cual “maestro chasquilla”, para tratar de evitar el derrumbe en cadena de todo el sistema sanitario. Sería solo un estabilizador imperfecto y transitorio.

Por eso, urge avanzar en una reforma de fondo que se haga cargo verdaderamente de los dramas que viven los chilenos, en el sistema estatal y en el privado. Se debe aumentar la competencia de los aseguradores, privilegiar la libertad de elegir el prestador público o privado, y democratizar la administración de los establecimientos estatales para asegurar una utilización justa de los recursos, entre varias otras medidas.

El desafío de una mejor salud para Chile no puede seguir posponiéndose.

Jorge Acosta

Director del Programa de Salud y Bioética

Instituto Res Publica