SEÑOR DIRECTOR:

A cinco años desde la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral, seguimos en deuda como país. El “Informe de evaluación sobre resultados de la implementación y aplicación de la Ley 21.015″ de marzo de 2023, señala que a 2022 se registraron 52.908 contratos vigentes en el ámbito privado (versus 11 mil de 2019). De estos, solo el 33,1% serían nuevas contrataciones de personas con discapacidad, mientras que el porcentaje restante serían contratos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley.

Las cifras dan a entender que el incremento de contratos bajo la norma solo sería nominal y no real, ya que formarían parte personas que ya estaban contratadas y recién ahora se registró su condición. Esto conlleva a que el número de personas con discapacidad contratadas, gracias al apoyo de la ley, es mucho menor de lo estimado. Estaríamos apenas cumpliendo con el 1%, y no generando los trabajos inclusivos prometidos.

El espíritu de esta ley busca garantizar una reserva legal de puestos de trabajo para este colectivo y aspira a cambiar la mirada frente a la diversidad. A la luz de estas cifras, estamos perdiendo el rumbo.

Creemos que es fundamental fortalecer las políticas institucionales de diversidad, hacer de su gestión un objetivo estratégico y que los planes de inclusión sean monitoreados de manera efectiva. Hacemos un llamado a todos los actores a retomar el espíritu de la ley, a mirar la inclusión y la diversidad como un activo para las empresas y a dar oportunidades de desarrollo profesional a un grupo de la población que sigue estando invisibilizado.

Cristina Gil

Directora de Fundación Barlovento