SEÑOR DIRECTOR:

Si Chile aspira a fortalecer su democracia liberal es preciso garantizar un conjunto de libertades y si la Constitución es un medio para hacerlo no puede quedar fuera del texto la libertad de elección, la que, como toda libertad, tiene bordes. No en el plano de la provisión mixta de proveedores de servicios en un Estado social de derechos donde la libertad de elección no puede limitarse solo a entes públicos sin chocar con la libertad de emprendimiento. Pero sí en materia de financiamiento del Estado.

Como la libertad de elección es piedra de tope en la búsqueda de un acuerdo en el actual debate, vale la pena detenerse un momento. Desde luego, para vivir en una sociedad libre y justa -o solidaria- todos deben tener las mismas oportunidades que permitan que cada persona tenga la vida que desea o a la que aspira. Por eso existe una ley tributaria que grava los ingresos del trabajo o las contribuciones de bienes raíces, limitando nuestro poder de compra y la libertad de elección sobre el destino de tales recursos que se van como rentas generales de la nación para financiar gasto social. ¿Hay alguna diferencia con las contribuciones a la previsión social o a la salud? Salvo la exigencia -la única impuesta en la Constitución vigente- de que se destinen a financiar pensiones o planes de salud, no hay diferencia conceptual alguna. Hay quienes piensan que en estos casos se debe tener, además, la propiedad de los fondos y frenar los apetitos de un Estado derrochador.

Es cierto, pero vivir en democracia supone dirimir muchos asuntos en el Congreso a través de leyes, incluso con quórum calificado, pero sin constituciones reforzadas por normas que restringen los espacios de deliberación política. Este es el caso. Pero, además, está en juego la aprobación final del texto constitucional en un plebiscito que puede cerrar definitivamente una lucha política que, por ahora, ha sido de suma negativa para el país. Ha llegado la hora de actuar con convicción y responsabilidad.

Carlos Williamson