Hoy empieza a correr la última semana antes de la segunda vuelta presidencial. Ya se acerca ese día decisivo, y el tono en la campaña se tornó especialmente confrontacional tras el debate organizado por la Archi, que se realizó el martes en el Campus Oriente de la Universidad Católica.

Jeannette Jara llegó con un libreto claro: enfrentar a José Antonio Kast por sus definiciones, su falta de respuesta en temas puntuales y sus propuestas. El republicano, en tanto, se ciñó al libreto de no enganchar con las críticas. Lo logró, pero su desempeño lució poco, no contestó con claridad en temas en los que podría haber sido categórico -como el proyecto que condona las multas del Tag-, y se mostró muy distinto al estilo determinado y con carácter que ha pregonado en la campaña. Jara logró un punto con el debate, pero arriesgó el verse agresiva -cuestión que a muchos electores no les gusta- y su estrategia parece haber llegado tarde, cuando la carrera está bastante corrida y no en favor de ella.

Ahora, lo que queda son los cierres de campaña -Jara hará uno en Coquimbo y otro en Santiago; Kast, en Temuco- y el próximo debate televisivo de Anatel, que se realizará el martes en TVN. Los últimos movimientos en el tablero antes de la elección.

Por otro lado, el gobierno -que tras las diversas intervenciones del Presidente Boric antes de la primera vuelta ahora optó por inmiscuirse poco en la campaña- sorprendió el miércoles, cuando anunció que expropiará 110 de las 215 hectáreas de la Megatoma de San Antonio. Apurados, porque ya se cumplía la fecha para efectuar el desalojo que había mandatado la Corte de Apelaciones de Valparaíso, La Moneda anunció la medida tras siete meses de negociaciones con los dueños del terreno, a un valor de 0,23 UF el metro cuadrado, lo que implica un desembolso del Estado de $ 10.961 millones, mientras que la expectativa de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. se empinaba a un valor de 0,40 UF el metro. El plan presentado por el Ejecutivo establece la expropiación de la parte del terreno donde vive el 90% de las alrededor de 10 mil familias que están establecidas ahí de manera irregular, y el desalojo de personas que viven en la porción restante, la que no se iniciará antes de enero.

La solución no deja de ser controvertida. Como es de esperar, los dueños acusaron el “trato injusto y arbitrario que se le ha dado y mediante el cual el gobierno pretende sortear el desalojo de su propiedad usurpada”. Pero, además, plantea una clara desigualdad con quienes -no habiéndose tomado un terreno- siguen esperando una solución habitacional.