Hoy el accionar del sistema de salud está centrado en la urgencia: gestión de listas de espera —especialmente en cáncer—, implementación del plan de vacunación y cambios en directivos de los servicios de salud como señales de autoridad. Pero quedarse solo en la urgencia es, también, parte del problema.

El sistema enfrenta tensiones estructurales que explican por qué estas crisis se repiten. El Ministerio de Salud requiere del orden de $17 billones para operar y hoy debe ajustarse en más de $500.000 millones sin afectar resultados sanitarios, lo que exige adecuar la gestión y el gasto. De mantenerse la inercia actual, el gasto en salud superará el 40% del gasto público hacia 2050. A esto se suma un gasto de bolsillo elevado (35% del gasto total en salud), que traslada presión a las personas y evidencia debilidades en la prevención, la provisión, el aseguramiento y los cuidados.

Pero más allá de lo financiero, el principal desafío estructural está en el funcionamiento de la red pública de salud. Hoy su gobernanza presenta múltiples capas de coordinación, baja agilidad en la toma de decisiones y limitada capacidad de respuesta. Es imperativo avanzar hacia una red más flexible, con liderazgos fortalecidos y una verdadera autogestión hospitalaria y de servicios de salud, orientada a resultados sanitarios y productivos, donde la atención primaria deje de ser un eslogan y pase a ser un nivel resolutivo con responsabilidades claras. Sin cambios en cómo opera la red, los esfuerzos por mejorar acceso o eficiencia seguirán siendo parciales.

Esto exige también mejorar la calidad del gasto: avanzar hacia presupuestos más creíbles, con medición clara de brechas y costos reales, y reforzar el ciclo de política pública: evaluar, corregir y, cuando corresponda, terminar programas que no demuestran impacto. Asimismo, se requiere un Fonasa que asuma plenamente su rol de asegurador, responsable de garantizar el plan de beneficios, y no de financiar de manera inercial a la red.

Asimismo, la modernización institucional sigue siendo una tarea pendiente. El Instituto de Salud Pública cumple un rol clave en el acceso oportuno a terapias y en el desarrollo de mercados más competitivos, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social es determinante en la evaluación de inversiones y programas. Sin embargo, ambos suelen quedar fuera del debate.

Más que nuevas leyes, se requiere innovar en cómo hacemos las cosas: revisar procesos, clarificar responsabilidades y asumir roles compartidos con foco en resultados. Implica, en lo esencial, dejar de hacer como siempre lo hemos realizado y avanzar hacia un sector salud que, más allá de la provisión de servicios, actúe como motor de desarrollo, productividad e innovación.

El desafío no es la urgencia, sino cambiar cómo opera el sistema. Lo contrario es seguir reproduciendo las crisis.

Por Daniela Sugg, economista de la Salud