Esta semana volvió a llegar carta de parte de la Contraloría, que avanza con sus noticiosas CIC (Consolidado de Información Circularizada).

Su CIC número 15 reveló que 13.286 empleados públicos ha asistido al menos a uno de los 25 casinos de juego que hay en Chile mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. Mil 486 de ellos ya habían sido identificados en mayo pasado como parte del grupo que, estando con licencia, viajó fuera del país, los 25 mil “enfermos viajeros” (CIC 9) con que la Contraloría General de la República comenzó en mayo de este año a correr el tupido velo de escandalosas irregularidades en las licencias médicas en el sector público.

Las personas con licencia por salud mental podrían tener la posibilidad de trasladarse de su domicilio, pero es bien dudoso que su terapia recomendada sea ir al casino. Como dijo un senador, pareciera que los casinos se transformaron en bar “Quitapenas”...

Enfermos para trabajar, pero no para apostar.

Estos apostadores con licencia se suman a los 25 mil enfermos viajeros, a los doctores (250) que atendieron partos en clínicas privadas mientras “tiraron” licencia en el sector público, a los 44 médicos investigados por la Fiscalía por dar más de 10 mil licencias, y a los 2.982 uniformados que viajaron con licencia también (CIC 14).

Es difícil exagerar la importancia del trabajo silencioso, pero muy efectivo, de la contralora Dorothy Pérez: no promete ni alardea, sino que cumple. Y no pide nuevas leyes, sino que encuentra el modo de hacer la pega con el marco que hay y que, extrañamente, a los anteriores contralores no les había parecido importante emplear para encontrar este tipo de corrupción “hormiga”. Son montos supuestamente menores (nada de menores en la sumatoria), pero de amplio impacto en la vida diaria de las personas, que a menudo interactúan con enorme frustración con los servicios públicos. Listas de espera, horarios acotados, “vuelva mañana”, “le faltó un papel”, “se cayó el sistema”, etc.

El escándalo que se ha desatado con estas informaciones ya ha tenido un efecto positivo: disuadir. Ya han disminuido las licencias médicas, y Pérez anunció que hará esta fiscalización “todos los años, de manera masiva”, y también en otros ámbitos. “Se vienen cositas”, pues habrá más CIC sobre infracciones de tránsito registradas en regiones distintas al domicilio de funcionarios públicos con licencia, así como visitas a parques nacionales, compra de entradas a conciertos y estadios, además de tiempo dedicado a su propio “emprendimiento”, todo eso mientras se encontraban con licencia médica de la institución pública.

Pero ahora falta que haya consecuencias. Que el Estado no solo muestre su capacidad de pesquisar, sino también capacidad de sancionar. Que esto no quede impune. La Contraloría inició sumarios, la Fiscalía abrió una investigación penal, y se anunció el envío de la información al Consejo de Defensa del Estado.

Cuando se dieron a conocer los primeros casos de viajeros enfermos, el gobierno dio 72 horas a las instituciones para que se iniciaran los procesos disciplinarios respectivos, y que ojalá estos se cerraran en 20 días. Pero ya han pasado tres meses desde la CIC de mayo. Parecería que se iba a paso de tortuga y con resultados bastante decepcionantes. De hecho, el primer caso conocido, según consignó El Mercurio, se trató de un funcionario sumariado de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). La medida tomada contra él no fue la destitución, sino la rebaja de medio sueldo por tres meses. Finalmente habría renunciado.

Pero este viernes el ministro Marcel entregó el tercer informe que detalla los casos vinculados con el gobierno central. El primer balance detectó que 7.990 funcionarios públicos hicieron mal uso de sus licencias médicas, el segundo -de junio- detectó a 8.814, y el que se dio a conocer ahora -con información hasta el 15 de julio- dejó al descubierto a 10.961 trabajadores.

El ministro de Hacienda afirmó que, de los funcionarios investigados, 9.293 “continúan en servicio, mientras que 1.668 ya no se encuentran en sus servicios”. Sostuvo que “aunque (los funcionarios) no siguen desempeñándose en el servicio, los sumarios siguen adelante y, por lo tanto, darán sus conclusiones, y de esas conclusiones se podrán desprender casos que ameritan ser enviados al Ministerio Público”. Estos sumarios -aclaró- son independientes de “las investigaciones que realiza el Ministerio Público en uso de sus propias facultades”.

Por último, aseveró que la decisión final sobre la sanción recae en los jefes de servicio.

Es clave que se siga adelante y que haya una doctrina de total transparencia y celeridad con estos casos, para que la ciudadanía vea que realmente hay consecuencias para este tipo de transgresiones tan serias. Lo que está en juego es mucho más que la mala conducta individual de estos inescrupulosos enfermos viajeros y apostadores (y, por cierto, de los médicos, si se trata de licencias falsas). Lo que está en juego es la ya alicaída confianza de las personas en las instituciones y, en definitiva, en la diligencia y la justicia con que actúa el Estado. Dorothy Pérez está haciendo la pega, el resto debe hacerla también.