Periódicamente, la OCDE publica su informe “Health at Glance”, una síntesis de los principales hallazgos de salud entre los países miembros, en distintas métricas, como capital humano, número de camas hospitalarias, médicos por cada 1.000 habitantes, gasto en salud y una gran cantidad de datos de inmenso valor. Del último reporte llama poderosamente la atención el crecimiento del gasto en salud respecto al Producto Interno Bruto registrado en Chile, convirtiéndose en una de las naciones que más ha aumentado este indicador, solo después de Polonia y Turquía. Mientras la media de la OCDE es 9,3% del PIB, nos encontramos en 10,5% del PIB, con una razón de crecimiento real, sobre la inflación, de 4,8% por año. El gasto el año 2019 era de 8,9%. A manera de comparación, para el último informe, el gasto sobre el PIB era de 8,4% en Italia y Colombia, 7,6%en Israel, 5,6% en Perú. Cerca de Chile están Japón, Portugal y Australia.

Al interrogar los datos, aparece una paradoja difícil de aceptar. Mientras el gasto total sobre el PIB, aumentó 18% real en cinco años, el financiamiento de fondos ficales y cotizaciones obligatorias subió solo un 12%. En cambio, el gasto en el que incurren las personas desde sus ingresos familiares aumentó un 27%. Es decir, cada vez más regresivo, con la consecuente insatisfacción de la población, mostrada en múltiples encuestas. Al menos la mitad de este gasto de los presupuestos familiares se destina a medicamentos. Es decir, cada vez la población cuenta con menos seguridad social por el alto costo en remedios no financiados por seguros públicos o privados. ¿A qué se debe esta regresión que no ocurre otros países? Cierto, a mayor frecuencia de enfermedades crónicas y a la aparición de nuevas moléculas innovadoras; pero la verdad más dura es que esta área está sujeta a poderosos intereses comerciales que tienen entre otros objetivos, que sea difícil hacer este gasto más eficiente.

Visitando páginas de farmacias, se encuentra que el medicamento genérico bioequivalente de Atorvatatina, utilizada para la hipercolesterolemia, vale $2.279 y el mismo fármaco de marca original, cuesta $80.079. Es decir, 35 veces más. El Alprazolam, sedante, los precios son $1.671 y $20.415 doce veces más.

Chile ha hecho un esfuerzo considerable, con la Ley de Fármacos I, y la Ley Cenabast, para proteger a las personas. Es por ello que se hace necesario que las cosas ocurran, y no intentar nuevas leyes, como fue el caso del bochornoso proyecto de ley Fármacos II.

¿Qué hacer? Receta electrónica universal, que además de inhibir la falsificación, permita que se respete la norma de prescribir por principio activo. Los seguros deben financiar solo el monto de los medicamentos genéricos Las diferencias de precio deben estar a la vista de quienes prescriben. Las farmacias que no tengan stock de genéricos, deben ser sancionadas. La falta de notificación cuando se trate de patologías AUGE, que tienen beneficios farmacéuticos, debe ser sancionada.

Que las familias se arruinen por no usar una cobertura a la que ya tienen derecho, es una emergencia.

Por Jaime Mañalich, médico