La propuesta de reducir o eliminar las multas por el no pago de peajes en las carreteras concesionadas genera serias preocupaciones. Más allá de su apariencia benigna, sus efectos pueden ser profundos y negativos para la estabilidad del sistema de concesiones y para la forma en que Chile financia su infraestructura. No se trata de una simple modificación legal: es un cambio que altera un mecanismo esencial del modelo.

En primer lugar, una medida de este tipo afectaría directamente la disposición de pago de los usuarios y aumentaría de manera significativa el riesgo asumido por los inversionistas. La experiencia comparada es clara: cuando desaparecen los incentivos al cumplimiento, la morosidad se incrementa y los ingresos proyectados se vuelven más inciertos. No es casual que, durante la tramitación de la ley de concesiones, se estableciera un sistema de multas precisamente para incentivar el pago oportuno y asegurar la sustentabilidad económica de los proyectos. Ese diseño no fue fruto del azar, sino de un análisis serio sobre cómo garantizar la continuidad operativa de las carreteras y proteger los flujos que permiten financiar su construcción y mantenimiento. Debilitar ese mecanismo es desconocer su razón de ser y romper un equilibrio que ha demostrado funcionar por décadas.

En segundo lugar, si bien no es posible afirmar con certeza que esta modificación reducirá el interés en futuras licitaciones, sí es evidente que introducir mayor riesgo obliga a los oferentes a internalizarlo en sus propuestas. Cuando el riesgo sube, las ofertas se ajustan al alza para compensarlo. Ese mayor costo termina trasladándose a los propios usuarios, especialmente a quienes sí cumplen con el pago de las tarifas. La consecuencia es paradójica: una medida que aparentemente busca aliviar la carga para algunos usuarios puede terminar encareciendo el sistema para todos. En la práctica, mayor incertidumbre regulatoria se traduce en incrementos de los costos financieros y operacionales.

Finalmente, aunque aún no está claro si la reforma prosperará, sería deseable que no avance. Una modificación de esta naturaleza afecta la credibilidad del país en materia de seguridad jurídica, un pilar esencial del sistema de concesiones y un factor decisivo para atraer capitales de largo plazo. La estabilidad regulatoria es uno de los activos más valorados por los inversionistas internacionales, y erosionarla sin un análisis técnico riguroso puede generar efectos reputacionales difíciles de revertir. Chile ha construido durante décadas una institucionalidad sólida en infraestructura; no puede arriesgarla con cambios improvisados.

El sistema de concesiones requiere ajustes responsables y bien fundamentados, no intervenciones que ponen en riesgo su estabilidad. La calidad de nuestra infraestructura futura dependerá de la seriedad con que cuidemos las reglas del juego hoy.

Por Loreto Silva, abogada y ex ministra de Obras Públicas