Recientemente, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer sus estimaciones y proyecciones de población para Chile con horizonte 2070, elaboradas a partir de la actualización demográfica del Censo 2024. De acuerdo con estos antecedentes, la población alcanzaría su máximo hacia 2035, en torno a 20,6 millones de habitantes, para luego iniciar, desde 2036, un descenso sostenido que culminaría en una reducción cercana al 15,8% hacia 2070. Este giro demográfico se explica, principalmente, por la persistente caída de la fecundidad y el acelerado envejecimiento poblacional. En paralelo, la esperanza de vida al nacer se proyecta en 88,4 años para 2070. Se trata de una transformación largamente anticipada, pero que hoy adquiere una urgencia ineludible, ya que, sus efectos tensionarán de manera creciente la salud, la economía y la cohesión social del país.

En el ámbito sanitario, vivir más no equivale necesariamente a vivir mejor. El aumento de la esperanza de vida ha ido acompañado, en numerosos países, incluido Chile, por un ensanchamiento de la distancia entre los años vividos y los años vividos en buena salud, tensión que se captura de manera operacional mediante indicadores como la healthy life expectancy (HALE). La expansión de la carga de enfermedad crónica asociada al envejecimiento no solo deteriora la calidad de vida, sino que presiona de forma estructural a los sistemas de salud y de apoyo social. En un contexto donde las pensiones no aseguran tasas de reemplazo compatibles con una vejez sin precariedad, la multimorbilidad, el traslado desde esquemas privados a públicos de salud por incremento de costos y el alto precio de medicamentos se configuran como amenazas directas al bienestar colectivo. A ello se suma la discusión sobre postergar la edad de jubilación para aumentar cotizaciones. Sin estrategias activas que sostengan empleabilidad y reconversión laboral, particularmente en mayores de 50 años, segmento ya expuesto a barreras crecientes, el impacto real de esa medida puede ser limitado o, incluso, regresivo.

En paralelo, la evidencia acumulada muestra que los estilos y hábitos de vida modulan de manera sustantiva cómo envejecemos. En Chile, distintas líneas de investigación están convergiendo en una conclusión robusta: la malnutrición por exceso, y en particular la obesidad, no es solo un problema de nutrición o metabólico, sino un determinante que puede acelerar trayectorias de deterioro funcional y biológico. No hay tiempo que perder. Resulta estratégico que el país fortalezca capacidades de investigación en envejecimiento para caracterizar cómo estamos envejeciendo, un proceso profundamente heterogéneo entre individuos, e identificar quiénes podrían presentar una mayor susceptibilidad a la pérdida de capacidad intrínseca a edades más tempranas de lo esperado. Esa agenda exige integrar biología fundamental del envejecimiento con enfoques clínicos, epidemiológicos, sociales y económicos, precisamente para traducir conocimiento en políticas públicas efectivas y pertinentes.

En este marco, resulta difícil no advertir una disonancia preocupante entre el discurso público y las decisiones de asignación de capacidades. Recientemente se conocieron resultados del concurso orientado a centros de interés nacional, sin que el envejecimiento emergiera como prioridad financiada. Ello debiera gatillar una reflexión de fondo en los espacios de decisión. No basta con adoptar políticas informadas por evidencia producida en poblaciones del hemisferio norte. Si aspiramos, ahora sí, a una sociedad de bienestar a lo largo de todo el curso de vida, debemos conocernos biológica, clínica y socialmente con datos propios, comparables y de alta calidad. El tiempo se agota.

Por Christian Gonzalez-Billault, Centro Interdisciplinario para la Longevidad Saludable y las Políticas de Envejecimiento (GERO)