El 4 de julio escribí una columna llamada "Venezuela: medidas colectivas y excepcionales". Allí decía que más que un asunto migratorio es una crisis humanitaria. Afortunadamente, el gobierno fue cambiando su postura inicial y dio pasos en línea a algunas de las propuestas señaladas: solicitar ayuda a organismos internacionales, además de flexibilizar los requisitos de ingreso.

Esta semana conocimos el aumento exponencial de ingresos por pasos no habilitados de personas venezolanas. El 2017 fueron registradas por la PDI nueve personas de aquel país, pero solo entre enero y junio de este año alcanzaron a 1.536. Estos números son aún mayores, ya que hay muchas personas que no son detectadas.

Guste o no, mayores requisitos llevan a buscar nuevas vías de ingreso de aquellas personas que se han visto forzadas a migrar para salvar sus vidas, precarizando aún más su situación. Es una realidad acá, Europa o Estados Unidos.

Chile tiene un nuevo desafío: abordar los ingresos irregulares. Se ha querido ordenar la casa, pero hemos visto un desorden en la frontera; sea por el aumento exponencial de ingresos irregulares, lo sucedido en Chacalluta y Colchane, o lo que aún hoy ocurre en Tacna.

Nuevamente se requiere una estrategia regional para hacernos cargo de aquello que provoca los desplazamientos en la región: la desigualdad social, política o económica. Es necesario comprender la realidad migratoria y sus complejidades, no buscando cómo evitar la migración, sino cómo abordarla.

Tenemos la oportunidad de definir cómo nos situamos ante una sociedad global en movimiento. Hay dos extremos, ninguno positivo: ni fronteras abiertas, ni muros que aumenten la irregularidad y los peligros, eligiendo políticas y caminos que realmente avancen hacia una migración ordenada, segura y regular. Las actuales, como hemos constatado el último tiempo en nuestra frontera, no lo están logrando.

José Tomás Vicuña SJ

Director Nacional Servicio Jesuita a Migrantes