*Esta columna fue escrita junto a Olaya Grau,  Escuela de Trabajo Social PUC.

La crisis humanitaria venezolana afecta a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes que requieren de una respuesta integral por parte del gobierno de Chile. No solo se trata de aquellos niños que buscan ingresar al país como solicitantes de asilo o de protección internacional. Se trata, también, de niños nacidos en Chile, de padres migrantes o refugiados/solicitantes de asilo que pueden verse afectados por decisiones migratorias (como la expulsión del país) y a niños que esperan reunificarse con sus padres o adultos responsables en territorio nacional chileno. Finalmente, una respuesta integral en esta materia incluye el acceso a derechos sociales y civiles y políticos que respondan a las necesidades de protección de estos niños y que eviten toda forma de discriminación o violencia en su contra.

La tarea que enfrenta el Estado de Chile en esta materia excede, por mucho, la adopción de medidas específicas a cargo de la autoridad migratoria, de seguridad interior y/o consular. Estas autoridades pueden jugar un rol indispensable en esta materia, pero no se debe confundir las funciones específicas asignados a la institucionalidad migratoria, con las obligaciones constitucionales y legales que pesan sobre el Estado en su conjunto, para la protección integral de la niñez y las familias.

En Chile, la obligación esencial de promover y proteger los derechos de la niñez y las familias corresponde fundamentalmente a las autoridades de protección de la niñez.

En especial, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, directamente y/o a través de sus subsecretarías y servicios dependientes. La protección integral de la niñez y las familias se diseña, monitorea y coordina desde la protección social. Y ello debe ocurrir durante todo el ciclo vital y en toda circunstancia y lugar. Es, a su vez, materia esencial de la política nacional de derechos humanos el promover y garantizar la protección de la niñez y las familias, incluso en los procesos migratorios y de asilo.

En fin, es tarea de Sename coordinar y apoyar los procedimientos destinados a velar por el interés superior del niño en procesos que protejan la unidad familiar y respondan a las necesidades de protección de niñas y niños y adolescentes.

El gobierno de Chile ha definido, en buena hora, que la protección a la niñez y las familias constituye uno de los ejes fundamentales de su gestión. Es esperable, entonces, que las autoridades gubernamentales llamadas a promover y proteger los derechos de la niñez y las familias asuman, con determinación, un mayor liderazgo en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de migración y asilo. Su protagonismo es tan necesario, como esperado.