Por Rodrigo Herrera, jefe área Reducción de la Pobreza y Desarrollo Inclusivo, PNUD, y Matías Cociña, investigador PNUD

Durante más de tres décadas, Chile expandió de manera sostenida las condiciones materiales de sus habitantes. Entre 1990 y 2017, la pobreza por ingresos se redujo en 60 puntos porcentuales, aumentó la cobertura educacional en todos los niveles, así como la esperanza de vida y los ingresos en todos los grupos, facilitando el acceso a bienes de consumo. Pese a ello, a lo largo de los años diversas voces, incluyendo varios informes del PNUD, daban cuenta de crecientes niveles de malestar social, asociados a múltiples desigualdades y vulnerabilidades. Las personas parecían no percibir que las posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida se estuvieran expandiendo a la par de sus mejoras en condiciones materiales.

Las masivas movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019 dejaron en evidencia la necesidad y urgencia de profundizar el diagnóstico social, para lo cual era necesario ir más allá de los indicadores tradicionales de ingreso y acceso a bienes con los que usualmente se evalúa el bienestar de las personas. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) tomó el desafío y se abocó a la tarea de diseñar la primera Encuesta de Bienestar Social (EBS), cuya principal innovación es incorporar a las cifras oficiales un conjunto amplio de indicadores que permiten aproximarse a las oportunidades que disponen las personas para desarrollar la vida que aspiran tener.

La encuesta, presentada hace pocos días, presenta información sobre oportunidades y resultados en once dimensiones: tres que dan cuenta de las condiciones materiales para el bienestar (ingreso; empleo y salarios; vivienda) y ocho que buscan caracterizar la percepción de las propias personas respecto de su calidad de vida (estado de salud; balance entre vida y trabajo; educación; relaciones sociales; compromiso cívico y gobernanza; calidad medioambiental; seguridad personal; bienestar subjetivo). Este nuevo instrumento, basado en recomendaciones de la OCDE, se aplicó a una submuestra de la encuesta Casen 2020. Así, la información sobre percepciones de las personas se puede vincular directamente a datos socioeconómicos de los hogares que habitan. Es, en este sentido, una fuente de información única en el país.

Un primer análisis, realizado por el MDSF en colaboración con el PNUD, muestra que hoy existen al menos cinco “nudos” que afectan el bienestar de las personas en Chile. Primero, una sensación transversal de inseguridad económica, la que no logra ser atenuada por mayores niveles de educación o por el empleo: más de un 80% se percibe vulnerable ante problemas de salud, ingresos, empleo o deudas. Segundo, una tensión en el uso del tiempo, particularmente entre la vida personal y el trabajo (remunerado y no remunerado), con una marcada brecha de género en desmedro de las mujeres. Tercero, el hecho de vivir en viviendas que presentan algún problema (35% pasa frío en invierno), entornos inseguros (42% reporta problemas en sus barrios) y con problemas ambientales (uno de cada cinco reporta deficiente calidad del aire), limita las posibilidades de realizar actividades cotidianas que impactan el bienestar. Cuarto, existen carencias y desigualdades en indicadores que están en la base de la cohesión social: la exposición de las personas a malos tratos (25,3%), especialmente entre quienes pertenecen a grupos vulnerables; la falta de acceso a redes de apoyo y una baja confianza interpersonal, entre otros. Finalmente, la EBS da cuenta de la relación que existe entre carencias en las distintas dimensiones del bienestar y una prevalencia de problemas de salud mental.

La encuesta muestra que la mayoría de las oportunidades analizadas tienen una distribución desigual por nivel socioeconómico y que, dependiendo de la dimensión analizada, también hay brechas por grupos de la población, ya sea por edad, sexo, etnia, nacionalidad, discapacidad, o por el territorio que se habita. Esto es extremadamente relevante desde el punto de vista del desarrollo humano, pues muestra que la capacidad de convertir estos recursos en una buena vida varía enormemente según las características adscritas de las personas. En Chile no solo existen desigualdades en la distribución de los recursos, sino también en las oportunidades con que cuentan las personas para sentirse bien y seguras.

La cantidad de información entregada por este nuevo instrumento elaborado por el Estado es enorme e imposible de cubrir aquí. Su análisis muestra que los problemas sociales deben ser abordados integrando las múltiples dimensiones del bienestar, más allá de los ingresos. Tal como se postula en la Agenda 2030, avanzar hacia un desarrollo sostenible centrado en el bienestar de las personas requiere una perspectiva amplia e integral, que incluya las dimensiones social, ambiental y económica. La nueva Encuesta de Bienestar es una contribución justamente en ese sentido.