El cierre de 2025 dejó una señal que no admite interpretaciones complacientes: el déficit fiscal estructural alcanzó 3,6% del PIB, muy lejos de la meta comprometida de -1,1%. Es el tercer año consecutivo de incumplimiento de la regla fiscal. Y cuando una regla se incumple de manera reiterada, lo que se deteriora no es solo el balance contable, es la confianza en la conducción económica.

En las últimas semanas se ha intentado explicar esta brecha por una caída inesperada de la recaudación corporativa no minera, incluso atribuyendo una mayor evasión y elusión en los grandes contribuyentes. Estas apreciaciones del gobierno saliente, sin ningún estudio que lo avale y basadas en escasa evidencia empírica, refuerzan, lamentablemente, el sesgo antiempresarial que ha mantenido estancada la inversión por varios años.

Lo cierto es que la economía chilena ha crecido por debajo de su potencial durante varios años. La inversión no recupera dinamismo, los costos laborales han aumentado, el entorno regulatorio se ha vuelto más exigente y la incertidumbre ha pesado sobre las decisiones empresariales. En ese escenario, es natural que las utilidades se ajusten y, con ello, también lo hagan los impuestos asociados. No estamos frente a un fenómeno anómalo, sino ante la consecuencia lógica de un ciclo económico débil, afectado por malas políticas públicas.

A esto se suma un elemento clave, nuestro sistema tributario depende en una proporción significativa del impuesto a las empresas. Cerca de un cuarto de la recaudación total proviene del impuesto a las empresas, más del doble que en la Ocde. Cuando una parte relevante de los ingresos fiscales descansa sobre una base estrecha y altamente sensible al ciclo, la volatilidad no debiera sorprender. Si la economía se desacelera, la recaudación también lo hará.

Más aún, cuando las diferencias entre lo proyectado y lo efectivamente recaudado se repiten año tras año, corresponde revisar con rigor los supuestos técnicos y la modelación utilizada para estimar los ingresos. Persistir en proyecciones optimistas que luego no se materializan debilita la planificación presupuestaria.

Pero incluso internalizando un escenario de menores ingresos, la cuestión central sigue siendo otra: ¿por qué el gasto no se ajustó con la misma decisión? La responsabilidad fiscal no se agota en explicar la desviación, exige reaccionar cuando las condiciones cambian. Si los ingresos no alcanzan lo previsto, el gasto no puede seguir expandiéndose como si nada hubiera ocurrido.

Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y la atención de las clasificadoras internacionales son recordatorios de que la credibilidad fiscal es un activo estratégico. Afecta el riesgo país, el costo del financiamiento y la capacidad de sostener políticas públicas en el tiempo. Chile construyó durante décadas una reputación de seriedad presupuestaria. Esa reputación no es automática ni permanente.

Fortalecer la recaudación de manera sostenible no pasa por ampliar sospechas ni tensionar la relación con el sector productivo. Pasa por recuperar el crecimiento, ampliar la base tributaria y generar condiciones para que más empresas inviertan, innoven y tributen. Más dinamismo económico es más recaudación. Más desconfianza es menos inversión.

El desafío, entonces, no es centrar el debate en una supuesta evasión generalizada. Es asumir que el desequilibrio fiscal responde a un crecimiento insuficiente, a proyecciones que deben perfeccionarse y a un gasto que no se ajustó a tiempo. Ordenar las cuentas públicas requiere realismo, rigor técnico y voluntad política, sin atajos y sin excusas.