Por más de una década, Chile ha operado con una economía que avanza poco y una política que parece trabada. El crecimiento del PIB per cápita ha rondado el 1% anual, la productividad está estancada y la inversión apenas alcanza el 23% del producto. En paralelo, se acumulan reformas urgentes —en temas laborales, impuestos, educación y modernización del Estado, entre otras— sin lograr acuerdos que las viabilicen, pese a un amplio consenso técnico sobre su necesidad. Y la ciudadanía percibe una desaceleración del progreso social, lo que alimenta el malestar y la desafección política. Pero este deterioro persistente es evitable. Para revertirlo, más que ideas técnicas, lo que falta es una visión común: un pacto que nos permita avanzar juntos hacia el desarrollo.

Chile ya vivió algo similar en los años 90. Tras el retorno a la democracia, diversos actores políticos, sociales y económicos establecieron un pacto implícito: consolidar la gobernabilidad y asegurar el crecimiento. No se firmó en un documento, pero se manifestó en decisiones coordinadas, que incluyeron la apertura comercial, responsabilidad fiscal, políticas sociales progresivas y fortalecimiento institucional. Ese acuerdo no fue perfecto, pero sí exitoso: el país creció y disminuyó la pobreza como nunca antes. Y la democracia se consolidó.

Hoy necesitamos un nuevo pacto para superar el estancamiento estructural. Pero esta vez, debe ser explícito. La fragmentación política y la desconfianza ciudadana en las autoridades hacen inviable cualquier acuerdo tácito. Necesitamos una base común clara y protegida del vaivén electoral.

Este pacto debe construirse sobre tres pilares: confianza, una nueva narrativa y la institucionalización del acuerdo.

Para construir confianza, se requiere:

• Mesas de trabajo político-técnicas con mandatos acotados y objetivos específicos —por ejemplo, una propuesta consensuada de reforma tributaria en seis meses— con participación de expertos, parlamentarios y actores sociales.
• Compromisos mutuos con verificación pública, donde los actores acuerden avances secuenciales sujetos al cumplimiento de condiciones recíprocas.
• Un sistema de monitoreo ciudadano, a través de universidades, centros de estudio y organizaciones civiles, que evalúe el cumplimiento de los acuerdos y los exponga públicamente.

La nueva narrativa debe conectar crecimiento con prosperidad compartida. Para ello:

• Debe ser participativa, nacida de un proceso deliberativo con actores diversos. Por ejemplo: jóvenes, regiones, sindicatos, empresarios y pueblos originarios.
• Debe vincular el crecimiento con bienestar tangible: mejor educación, salud o conectividad, más que solo productividad.
• Debe repetirse desde distintos espacios —medios, escuelas, universidades, gremios, partidos políticos— hasta volverse sentido común.

Finalmente, institucionalizar el pacto exige:

• Crear por ley un Consejo Económico y Social de Desarrollo, con representación cuadripartita (Estado, trabajadores, empresas y academia), encargado de proponer reformas estratégicas de largo plazo.
• Dotarlo de una Secretaría Técnica autónoma, que genere evidencia, proponga diagnósticos y prepare propuestas multilaterales.
• Vincular sus acuerdos al proceso legislativo, de modo que todo lo aprobado por amplio consenso se discuta en el Congreso con urgencia preferente.
• Establecer una agenda quinquenal, revisada anualmente, que dé continuidad a las prioridades más allá del ciclo electoral.

La experiencia internacional lo confirma. En Países Bajos, el SER (Sociaal-Economische Raad) ha permitido reformas laborales y sociales estables por décadas. En Irlanda, un consejo cuadripartito propuso políticas públicas viables y con respaldo transversal. Corea del Sur utilizó pactos productivos para coordinar inversiones, formación técnica y exportaciones. Y Uruguay, con sus Consejos de Salarios y su institucionalidad macroeconómica, logró avances sociales sostenidos sin polarización.

Negarse a pactar tiene costos: se consolida la lógica de suma cero, florecen las promesas vacías y se debilita la democracia. Con un pacto, en cambio, podemos implementar reformas incómodas en lo inmediato, pero necesarias para cerrar la brecha que nos separa del desarrollo. No es fácil, pero es posible. Y urgente.

Por Raphael Bergoeing, Escuela de Negocios, UAI