Por Ignacio Covarrubias, decano Facultad de Derecho, Universidad Finis Terrae

Entre las propuestas que el proceso constituyente ha alimentado se encuentra la de la forma de Estado, esto es, el modo de distribución de las competencias estatales. Algunas de ellas apuntan hacia lo que denominan un Estado Regional, cuyo norte implicaría avanzar en dar mayores grados de autonomía a nivel regional, tanto en la generación democrática de las autoridades y órganos regionales, en la dictación de leyes y normas de alcance local, lo que conllevaría también una distribución más equitativa de los recursos públicos, sin desconocer el carácter unitario, aunque mitigándolo.

Es indudable que el Estado centralizado suele ser una forma política distante de los problemas cotidianos de los ciudadanos y de las comunidades locales, y si a ello se añade un territorio más o menos extenso, tiende, además, a ser ineficiente y burocrático para gestionar y promover una mayor participación y responsabilidad. Al dedicar demasiado tiempo y energía a problemas que podrían ser abordados localmente, tiende a descuidar sus grandes tareas para el bien común general. Asimismo, toda iniciativa que reconozca la subsidiariedad es bienvenida, por cuanto impulsa el principio de que mientras más cercano a la persona, a la familia o a la comunidad local sean los problemas o desafíos, mayor ha de ser la injerencia y responsabilidad de las personas y asociaciones directamente involucradas.

Con todo, creo indispensable la necesidad de despejar más nítidamente lo que se busca en tales propuestas. Abunda el énfasis de expresiones tales como mayor autonomía, participación y equidad, pero escasea la referencia a propósitos de una mayor integración, interdependencia y solidaridad. Sea esto deliberado o no, promover lo primero sin hacerlo simultáneamente lo segundo, favorece la creación de condiciones de confrontación y ruptura antes que de colaboración e integración. Un escenario así estropea la subsidiariedad solidaria y favorece, paradójicamente, un Estado que oscila entre la ausencia y el asistencialismo.

La expectativa de superar el centralismo estatal no puede estar cifrada en una descentralización puramente política, esto es, en una asamblea de representantes. Los déficits de legitimidad no se superan con más representantes ni por tenerlos más cerca, sino por la capacidad de gestionar sus propios asuntos colaborativamente con el gobierno central. El bastión contra el centralismo no reside en la suma de individuos aislados representados en una asamblea, sino en una sociedad civil más participativa y solidaria, virtudes que no se logran por obra y gracia de un buen diseño institucional. El verbo aquí es realismo y gradualidad condicionada.

Una modificación de la forma de Estado solo tiene sentido si obedece a la convicción de un cambio en la sociedad que, se supone, ya se ha constatado. Por ello, toda reforma en esta materia ha de ser adoptada con cautela, pues implica un cambio de mentalidad que es posible arraigar gradualmente. Una propuesta atractiva fracasa si no considera la realidad para la que se piensa y los medios de los que se dispone. Una gran receta se ve frustrada sin los ingredientes adecuados ni la indispensable paciencia de sus ejecutores. No se puede esperar grandes resultados en un pueblo que no ha aprendido a lograr cosas pequeñas, decía Tocqueville.