Por Juan Eduardo Saldivia, abogado y ex Superintendente de Servicios Sanitarios

Hace pocos días, el Presidente anunció el “Plan contra la sequía”. Uno de sus elementos es lo que se denominó “uso eficiente en ciudades” y se informó que “se modificará el DS 90 para prohibir descargas de emisarios submarinos sanitarios con tratamiento primario” para que las sanitarias hagan tratamiento secundario y que “las aguas residuales podrán tener un uso industrial o agrícola”.

En resumen, el DS 90 -dictado el año 2001 y que entró en vigencia el año 2005- establece los niveles máximos de contaminación que se pueden verter a los cursos de agua superficiales por las diversas actividades económicas. Demoró casi cinco años en ser elaborado y fue el fruto de un gran acuerdo técnico político entre los diversos actores, tanto públicos como privados. Es tal vez la norma de emisión más importante que se ha dictado en el país y fue el consenso que dio lugar al tratamiento de las aguas servidas y de las aguas industriales (Riles).

En Chile hay algo más de 300 sistemas de tratamiento de aguas servidas urbanas. Un 77% de las aguas tratadas se descargan a cuerpos fluviales. Otra parte, se descarga al mar (cerca del 22%), aproximadamente la mitad de esas descargas son con agua que recibe un tratamiento primario. Hay que recordar que la introducción del tratamiento de las aguas servidas implicó incrementos de la cuenta del agua de hasta un 60%. No fue menor el esfuerzo que hizo Chile y su población.

Lo que debe quedar claro es que esta es una decisión de políticas públicas que debiera ser tomada con la más amplia participación e información, para que luego sea implementada por las empresas. Si queremos dar un nuevo paso en infraestructura, debe ser consecuencia de una decisión democrática tomada conscientemente en cuanto a los efectos económicos que implicará. Recordemos que la planta desaladora de Atacama se encuentra construida y aún no inicia su operación por el temor al efecto tarifario (incremento del orden del 15%). Las inversiones que hagan las empresas para eliminar los emisarios submarinos se tendrán que pagar. ¿Será el sistema actual de tarificación u otro que, por ejemplo, concentre los costos en los mayores consumidores o en ciertos tipos de actividades? No es cosa de decir que se cambiará un decreto. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo bien, por lo que, desgraciadamente, el anuncio presidencial, a meses del término del gobierno, parece un voladero de luces, y qué pena, ya que el tema es de verdad importante.