En medio de crisis presupuestarias, debates sobre “eficiencia” y discursos que reducen la educación a una inversión individual, insistir en la defensa de la universidad estatal, podría parecer a algunos, un gesto fuera de época; una forma de nostalgia por un pasado que ya no tendría lugar en un mundo gobernado por rankings, métricas y criterios técnicos de corto plazo. Sin embargo, fortalecer a las universidades estatales no es mirar hacia atrás; es, por el contrario, una de las decisiones más urgentes que tenemos como sociedad.

Las universidades estatales no existen para reproducir privilegios ni para segmentar oportunidades. Su razón de ser no es educar únicamente a quienes pueden financiar sus estudios con recursos propios, sino abrir espacios efectivos para quienes tienen talento y vocación independiente de su origen. En un país atravesado por desigualdades profundas, este principio no es una consigna: es una necesidad estructural. A través de una educación inclusiva y de excelencia, las universidades del Estado maximizan la formación del capital humano que el país necesita, entregando a la sociedad profesionales críticos capaces de contribuir al desarrollo económico, social, cultural y democrático del país.

Los propósitos de la universidades estatales no se limitan solo a la docencia. Están llamadas a construir ecosistemas de conocimiento, donde convivan la investigación básica, la investigación aplicada, el trabajo interdisciplinario y la investigación de frontera. No investigan solo aquello que reditúa en lo inmediato, sino aquello que puede transformar la sociedad en el mediano y largo plazo, porque comprenden que las grandes transformaciones nacen, muchas veces, de preguntas lentas, reflexivas, complejas e incómodas. La investigación es, además, una forma de diálogo con el sector productivo y con la comunidad que permite abordar problemáticas concretas de la sociedad.

Las universidades estatales contribuyen, también, desde una perspectiva participativa y plural, a fomentar debates fundamentales para la sociedad. Al ser instituciones pensadas en una temporalidad larga, que se extiende más allá de los ciclos electorales y de los gobiernos de turno, sostienen diálogos basados en evidencia y conocimiento académico en entornos abiertos, participativos y diversos. De este modo, impulsan conversaciones esenciales para el país y proveen espacios legítimos para estas discusiones colaborando, de este modo, en el fortalecimiento de la democracia y la participación social.

Finalmente, las universidades estatales son espacios donde se proyectan los desafíos científicos, tecnológicos, culturales y sociales del país más allá de la contingencia, contribuyendo a imaginar horizontes nacionales de largo aliento y no solo respuestas inmediatas a la coyuntura. Estas instituciones tienen el deber de pensar el Chile que puede y debe ser, sus aspiraciones más profundas, sus posibilidades más desafiantes, sus vectores de desarrollo productivo de corto y largo plazo y sus caminos más efectivos hacia un proyecto colectivo que sitúe al bien común en el centro.

Por eso, formarse en una universidad estatal no es simplemente cumplir un plan de estudios. Es habitar espacios donde circulan debates, artes, ciencias, memorias, conflictos y proyectos colectivos, donde se aprende también en bibliotecas, laboratorios, espacios culturales, redes de investigación y organizaciones estudiantiles diversas; donde la formación fluye en comunidad. Sin embargo, este modelo se encuentra hoy crecientemente tensionado por políticas de financiamiento que parecen desconocer su especificidad.

Se espera que las universidades estatales sostengan inclusión, innovación, transferencia, investigación y vinculación con el medio, pero se las financia como si fueran empresas educativas. Se les exige cumplir una misión pública compleja con herramientas precarias. Esta contradicción no es técnica: es profundamente política. Detrás de este debate se esconde una pregunta incómoda pero decisiva: ¿queremos universidades estatales robustas, capaces de proyectar el desarrollo del país, o solo instituciones que sobrevivan administrando la escasez?

Hoy, cuando Chile busca nuevos acuerdos sociales, las universidades estatales deben ser entendidas como espacios de reflexión y proyección de los intereses de la nación, como infraestructuras estratégicas de futuro que contribuyen decisivamente al proyecto país. Un proyecto que nos recuerda que el desarrollo sin educación pública es crecimiento sin horizonte, y que un país que abandona sus universidades termina, tarde o temprano, renunciando también a pensar su futuro. Fortalecer las universidades estatales es, en última instancia, contribuir a proyectar el porvenir de Chile e invertir en inteligencia colectiva, innovación, justicia intergeneracional y democracia.

Por Cristián A. Muñoz Canales, Rector(s) Universidad de Santiago de Chile