SEÑOR DIRECTOR:

En la discusión de la reforma de pensiones, un tema de por sí difícil, abundan las consignas y desinformación.

Es un deber del gobierno ser explícito en sus objetivos y efectos de la reforma. El proyecto apunta a incrementar el reparto para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Esto tiene un costo, que en la propuesta lo pagan los jóvenes actuales -futuros pensionados-, que recibirán una menor pensión; una menor tasa de reemplazo, cualquiera sea su fórmula de cálculo, respecto a que si los 6 puntos de cotización adicional fueran a su cuenta individual.

El otro gran objetivo de la reforma es desmantelar la industria, en línea con la consigna No+AFP, monopolizando la administración de las cuentas. No hay evidencia de economías de escala para millones de cuentas. Por lo tanto, es muy probable que el costo sea mayor y la calidad inferior como ocurre con los monopolios.

El Estado también participaría en la gestión de inversiones a través del IPE. El Estado puede subsidiar la operación del IPE, y dado el esquema de licitación que se propone para el 10% del stock, lleva a que prontamente el Estado sea un jugador muy importante en el sector financiero. Esto permitiría que el ahorro de los trabajadores termine financiando al Fisco y empresas estatales, lo que puede incluso terminar con la capitalización individual, como en Argentina.

Para descalificar a la oposición, se le acusa de defender a las AFP. Por cierto, no tienen por qué defender a algunas empresas en particular, sino que el bienestar de los ciudadanos y progreso del país. Desmantelar una industria es un disparate, lo que debe exigirse es mayor competencia y ampliar el número de participantes  gestionando inversiones.

Luis Felipe Lagos M.

Economista