La Contraloría General de la República ha concluido el año con la entrega del segundo consolidado de resultados de auditoría, donde se dieron a conocer los principales hallazgos durante la revisión de los estados financieros de 73 entidades del sector público entre 2020 y 2024. En la totalidad de los casos la entidad emitió “abstención de opinión”, dado que según explicó el ente contralor no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas. La indagación concluyó que no se logró obtener evidencia suficiente que permitiera respaldar los saldos contables, principalmente por debilidades de los controles internos e inconsistencias en los registros contables. También se observaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos, entre otros aspectos.

El monto total que aparece involucrado en el informe de Contraloría alcanza a $15,9 billones -más del 90% corresponde al gobierno central, mientras el porcentaje restante pertenece al sector municipal-, y su sola cuantía así como las razones que llevaron a estas inconsistencias son hechos de suyo graves. Los antecedentes, de hecho, dieron pie a acciones disciplinarias por parte de la Contraloría, incluyendo en algunos casos la remisión al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.

No cabe duda de que ha sido un año especialmente intenso para el ente que dirige Dorothy Pérez, particularmente luego de que se comenzaran a implementar activos sistemas de fiscalización, cruzando distintas bases de datos que dejaron al descubierto hallazgos tan relevantes como que 25 mil empleados públicos viajaron al exterior pese a estar con licencia médica, práctica que posteriormente la Superintendencia de Seguridad Social también pudo constatar que ocurrió con trabajadores del sector privado. Bastó con ese informe emitido por la Contraloría en mayo para que a partir de junio la emisión de licencias médicas comenzara a experimentar un notorio y persistente descenso -cayendo por debajo de las 600 mil emisiones mensuales-, demostrando la relevancia que tiene la fiscalización para el buen uso de los recursos públicos.

Pero la acción fiscalizadora de la Contraloría tiene desde luego sus límites, porque si ello no va acompañado de medidas estructurales y procesos sancionatorios creíbles emanados desde el propio Estado, el despilfarro o el mal uso de los recursos públicos no se detendrá. Y es allí precisamente donde surgen las mayores inquietudes, pues no resulta claro que a pesar del revuelo que generan estos casos una vez que son descubiertos, se hayan tomado medidas efectivas para impedir su ocurrencia. Sobre los recientes hallazgos informados por Contraloría -que abarcan dos períodos de gobierno-, es pertinente exigir que las inconsistencias contables sean subsanadas a la brevedad, como también preguntarse de qué forma se mejorarán los controles internos en las distintas reparticiones públicas, lo que necesariamente forma parte del proceso de modernización del Estado.