En dos meses, las expectativas han cambiado y buena parte del optimismo generado por el triunfo de Gabriel Boric se esfumó. En rigor, desde el retorno a la democracia no existe otro presidente cuya desaprobación haya aumentado en esta magnitud y rapidez. El gobierno ha cometido muchos errores y desaciertos, pero no tanto como para explicar un deterioro de estas dimensiones. Las razones del declive parecieran responder a cuestiones más profundas.

Una de ellas fue la ilusión de que la violencia política y los problemas de orden público empezarían a mejorar con un gobierno de izquierda; hoy las cosas están cada vez peor, la situación en la Macrozona Sur se agrava día a día, los enfrentamientos entre bandas rivales son noticia cotidiana y la delincuencia alcanza ribetes inéditos. En las últimas horas, la casa de la ministra de Defensa fue robada con su familia presente y un integrante del equipo de seguridad presidencial fue asaltado, secuestrado y baleado.

El otro factor que explica el rápido desfonde es la inflación, un derrotero que golpea duro a los más pobres, más el alza en las tasas de interés, que afecta a las personas acostumbradas a vivir del crédito. Velozmente, la gente está descubriendo el fin y los efectos del exceso de liquidez, con un gobierno que decidió cerrar las puertas a un nuevo IFE y a los retiros de fondos previsionales.

En este cuadro, el Presidente Boric ha optado por dos esfuerzos complejos: al parecer, entiende que mostrar soluciones a los problemas de orden público es clave para la viabilidad de su administración y, también, para la victoria del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Porque a estas alturas es innegable que las curvas de desaprobación al gobierno y al trabajo de la Convención van de la mano, y que la actual crisis de expectativas está golpeando a ambas. El otro desafío es el compromiso nítido con la responsabilidad fiscal, es decir, no vacilar frente a ninguna tentación populista en materia de gasto en las actuales circunstancias.

Esta aparente convicción presidencial sería lo que explica que los principales nudos de gestión -seguridad pública e inflación- hoy estén en manos de una “dupla socialista”: el subsecretario Monsalve y el ministro Marcel, vinculados a una centroizquierda con décadas de experiencia en el poder y en periodos difíciles. Aquí estaría también la razón de por qué el PS defiende con ahínco la necesidad de responder con fuerza al agravamiento de los problemas de seguridad. Y en paralelo, por qué la responsabilidad fiscal impuesta por Marcel sigue siendo el marco que da viabilidad a las reformas en el mediano y largo plazo. Ambos aspectos son los que han abierto una creciente fisura entre el PS y sus aliados de Apruebo Dignidad, confirmando como nuevo factótum al eje articulado por el ministro Marcel y el subsecretario Monsalve.

Lo relevante, lo significativo, es que hoy el Presidente parece jugado por este diseño y sus principales actores. Con todos los riesgos que ello implica.