Al regular en educación solemos discutir con pasión los fines y muy poco la evidencia concreta, la idoneidad de las herramientas para alcanzarlos y los costos de la regulación. Dos de las últimas grandes reformas educativas así lo demuestran.

En 2011, con la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, decidimos ordenar anualmente a los colegios en categorías de desempeño. La finalidad era doble: orientar a las familias en la elección del colegio para sus hijos e informar al Estado para que apoyara o, en último término, cerrara aquellos que no aseguraran estándares mínimos de calidad.

Luego, en 2015, con la Ley de Inclusión Escolar, exigimos a todos los sostenedores de colegios subvencionados convertirse en organizaciones sin fines de lucro y comprar sus inmuebles. Esto buscaba erradicar el uso de los arriendos como forma de generar utilidades, y promover un mejor uso de las subvenciones.

Desde distintas miradas políticas, ambas reformas perseguían generar mejores oportunidades educativas. ¿Los resultados? Ninguna se pudo implementar por completo.

En el primer caso, la ordenación lleva 7 años sin implementarse: para el proceso de admisión 2027 las familias usarán información del año 2019. A ello se suma que no existe un solo colegio que haya cerrado por bajo desempeño. En el segundo, se han concretado menos de 300 compras de locales escolares, mientras los sostenedores existentes siguen eximidos de la prohibición de arrendar, generando una disparidad enorme con quienes quieren integrarse como nuevos sostenedores.

Ambas reformas fallaron por lo mismo: las herramientas elegidas tenían costos que las hacían inviables. No evaluamos bien el costo social de cerrar intempestivamente una escuela ni el costo económico de reemplazar arriendos por compraventas.

Hoy el Senado tiene en sus manos una reforma construida con una lógica distinta. La Comisión de Educación está tramitando un proyecto de ley que permite delegar a sostenedores con al menos tres años consecutivos en categoría de desempeño alta o media la administración de establecimientos de bajo desempeño. Sin cierres, sin reestructuraciones corporativas, sin grandes costos sociales ni financieros. La comunidad sigue; cambia el administrador.

Se deja de apostar por lo que “quizás funcione” y se privilegia lo que demostró funcionar, avanzando con metas concretas, mediante convenios adaptados a cada realidad y sujetos a la aprobación y evaluación de la Agencia de Calidad y el Ministerio de Educación.

Si queremos mejores oportunidades educativas para los niños, niñas y adolescentes del país, y buscamos resultados rápidos, que no sacrifiquen generaciones completas, ni el statu quo ni la creación de nuevos colegios serán la solución; la respuesta es multiplicar las experiencias que ya demostraron funcionar y son preferidas por las familias.

Por María Turner y José Manuel Astorga, de Pivotes