En los sistemas democráticos, la gobernanza no es un tecnicismo: es la arquitectura invisible que sostiene la legitimidad del Estado. Cuando esa estructura se debilita, lo público pierde dirección, y el aparato estatal se transforma en un espacio expuesto —cuando no capturado— por intereses coyunturales o voluntarismos ideológicos. La escena reciente en algunas empresas públicas chilenas ilustra con claridad esta deriva.

El caso de Francisco Vidal en la presidencia de Televisión Nacional de Chile (TVN) no es solo una controversia personal, ni una expresión excéntrica de opinión política. Es una evidencia palpable de cómo el rol institucional puede ser desbordado por agendas partidarias cuando se disuelve la frontera entre la función pública y el activismo electoral. No se trata de censurar ideas ni coartar convicciones. Se trata de preservar un principio básico del gobierno corporativo: la separación entre los fines del Estado y los medios de la política.

Muy distinta —y por eso importante de no equiparar— es la situación de Laura Albornoz en ENAP (Empresa Nacional del Petróleo). Aunque sus intervenciones han generado debate, no implican una afectación directa a la gobernanza de la empresa. Su caso muestra, más bien, los riesgos que surgen cuando los liderazgos públicos se enfrentan a un entorno altamente politizado, donde toda palabra es interpretada en clave electoral. Lo que comparten ambos episodios, sin embargo, es una misma fragilidad institucional: la ausencia de normas efectivas —o su débil aplicación— para proteger la función pública de la instrumentalización política.

Pero el deterioro de la gobernanza no se manifiesta solo por lo que se hace, sino también por lo que se omite. El vacío que dejó Adriana Delpiano en el directorio de TVN —seis meses sin reemplazo del Ejecutivo— es una señal inquietante. No por lo anecdótico del retraso, sino por lo que revela: una gestión estatal que trivializa los tiempos institucionales y posterga decisiones clave por cálculo político o negligencia. Cuando las vacantes en órganos estratégicos no se llenan con oportunidad, la institucionalidad se erosiona por fatiga: más carga sobre menos actores, menor deliberación, menos accountability.

El contraste con gestiones como la de Anita Holuigue en TVN es elocuente. Su paso por la presidencia del canal fue todo lo contrario: discreción política, foco técnico, resultados tangibles. Redujo la crisis financiera, ordenó estructuras internas, fortaleció la misión pública del canal sin ruido partidario. Su ejemplo no es excepcional porque haya prescindido de ideas personales, sino porque entendió que la neutralidad institucional es una forma de servicio público.

La experiencia de TVN —en sus avances y retrocesos— muestra que lo que no se gobierna con profesionalismo termina gobernado por la improvisación. Un análisis de su etapa más crítica (Andrade y Moore, 2020), evidencia cómo la falta de supervisión calificada y una débil administración de riesgos no solo condujeron a una profunda ineficiencia financiera, sino también a una gestión errática, vulnerable a la presión política. Y la improvisación, cuando se instala en el Estado, no es inocua: cuesta legitimidad y credibilidad.

En momentos en que algunos candidatos presidenciales plantean expandir el rol del Estado como agente económico, estas lecciones se vuelven estructurales. No basta con que el Estado haga más. Debe hacerlo mejor. Y eso exige fortalecer, no debilitar, los estándares de gobernanza pública. Profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas no son atributos decorativos: son las condiciones mínimas para que el aparato estatal actúe con legitimidad.

Porque cuando las instituciones públicas se transforman en extensiones de los intereses políticos, lo que colapsa no es solo su neutralidad: es su capacidad de cumplir una misión común. Y sin esa capacidad, ni lo público ni lo estatal pueden sostenerse en el tiempo.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC