La Comisión de Educación del Senado despachó para su tramitación una modificación al Sistema de Admisión Escolar (SAE). Tras un compromiso alcanzado en el Senado durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del año pasado, una mesa técnica trabajó en un informe, que sirvió de insumo. El gobierno presentó indicaciones, muy cercanas a la propuesta de la mesa, y los senadores de oposición presentaron una contrapropuesta. De una negociación resultó un acuerdo. ¿Cumple ese acuerdo con solucionar los problemas del SAE? Veamos.

El primer problema del SAE es su rigidez. Los colegios perdieron la capacidad de participar en sus procesos de admisión, siéndoles asignados estudiantes. Esto mejora la capacidad de elección de los padres, fortaleciendo el derecho a la educación, pero debilita la consistencia y autonomía del proyecto educativo, debilitando la libertad de enseñanza y el vínculo humano y cualitativo propio que construye y define una cultura escolar. Para abordar esto, el acuerdo propone que los colegios puedan incorporar criterios propios a la priorización del SAE. Es decir, permite “inclinar” un poco la balanza del azar hacia criterios electivos, pero en el margen. Esto porque, los criterios posibles solo operan marginalmente después de los obligatorios, no se han transparentado simulaciones que permitan saber si es que tendrán impacto alguno. Además, los criterios están acotados a lo que puede cuantificar el algoritmo, y se excluye explícitamente el mérito académico. Esto se aleja bastante de la idea de flexibilidad, de vínculo personal, de proyecto educativo. Es un engranaje más que solo hace crecer la misma máquina burocrática.

El segundo problema del SAE es el reconocimiento del mérito. El SAE como toda política igualitarista, castiga a los mejores para igualar hacia abajo (“bajar de los patines”, todavía no se descubre una expresión mejor). Para abordar esto se refuerza la idea de “liceos de excelencia”, (una especie de engendro conceptual entre los “emblemáticos” y los Bicentenario) que ya existe en la ley, que pueden seleccionar académicamente a sus estudiantes. Pero se hizo total omisión de la letra chica que tiene la Ley de Inclusión para acceder a esa posibilidad: cumplir los criterios para conseguir la posibilidad de selección es casi imposible. Fue diseñado así por los autores de la ley. A la fecha solo cuatro colegios lo han usado. Además, el “mérito” no son las notas, o una prueba de admisión que podría diseñar el propio colegio. Es el ranking y la asistencia del alumno, exclusivamente. En otras palabras: es casi imposible tener permiso para reconocer el mérito, y si lo logras, tienes que hacerlo por un criterio único, limitado e impuesto por el Estado. ¿Habrá mejor definición de “permisología”?

Hay algunas cosas positivas. Se permite una autonomía limitada a los directores para admitir estudiantes fuera del proceso, con un máximo de 5% y debidamente fundado y autorizado por el Mineduc. Suena bien, pero no es fácil celebrar cuando se quita una libertad y se reemplaza por un permiso arbitrario de la autoridad.

¿Podemos decir que ha regresado el “mérito” a la admisión en educación escolar? La respuesta es no (solo unos pocos colegios podrán seleccionar, por criterios que no pueden elegir). ¿Es el SAE más flexible que antes? No, solo le agregaron “opción de postre” al rígido menú que ya estaba. No es una buena solución, pero ¿será un buen acuerdo? Quizás, pero eso solo los legisladores parecen saberlo.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar