El gobierno tramita en el Senado un proyecto de ley que, al menos en apariencia, trata sobre convivencia escolar. Más allá de los episodios de violencia grave de todo tipo en los colegios, que aparece de forma cada vez más frecuente en los medios, existen pocos datos concretos para dimensionar el problema. De acuerdo con el más reciente reporte, desde enero a septiembre de este año la Superintendencia de Educación recibió 11.091 denuncias por convivencia escolar, un número récord que no ha dejado de crecer.

Para enfrentar esto, el Mineduc busca impulsar lo que llama “un nuevo estándar” de convivencia escolar. Aunque suena bien, este nuevo estándar es más de lo mismo: palabras de buena crianza y declaraciones de intenciones, pero sin recursos. Los orígenes de los problemas de convivencia son múltiples, pero las soluciones dentro de los establecimientos, en general, convergen en las personas.

Nuestras escuelas están desfinanciadas y llenas de requerimientos burocráticos absurdos, que terminan sobrecargando sistemáticamente a los profesores con problemas que no les corresponden, y para los cuales muchas veces no están preparados. Es evidente que en la formación (y en la experiencia) de un profesor hay elementos para enfrentar problemas de disciplina, resolución de conflictos, bullying y otros, pero no en el volumen, gravedad y frecuencia en que están ocurriendo hoy. Para empezar a resolver los problemas de convivencia, lo primero que se requiere son recursos para contratar, en los colegios, profesionales tales como terapeutas ocupacionales, psicólogos, profesores diferenciales, entre muchos otros, para que cumplan un rol tanto preventivo como reactivo en los establecimientos. Sin embargo, el gobierno decide no solo aumentar las tareas de los colegios sin darles más recursos, sino entregarle el rol central a un ente externo y altamente ineficiente y miope, como es la Superintendencia de Educación.

Se dirá que los recursos son escasos y que hoy no los tenemos. Es cierto. Pero entonces se requiere por parte del Ejecutivo mucha más responsabilidad y valentía. Primero, para no proponer al Congreso un proyecto repetitivo, hueco y desfinanciado, que más allá de reafirmar la fe en reglamentos y papeleos que ya existen y agregar adjetivos a leyes vigentes, no hace nada. Segundo, para dejar de quemar recursos públicos en el saco roto de la gratuidad, que este año aumenta nada menos que 170.000 millones de pesos. ¿Pudo hacerse otra cosa, aún sin recursos? Sí. Reforzar las atribuciones de los directores, de forma de darles poder de decisión y autonomía para poder reestablecer su autoridad dentro del establecimiento. ¿Qué elige hacer la autoridad? Crear comités interministeriales, que nada saben ni tienen que ver con los colegios, y que se han mostrado groseramente políticos e ineficientes en otras materias.

Los senadores de la Comisión de Educación han hecho esfuerzos por mejorar este proyecto, pero los avances son muy pocos. No tienen incidencia en lo único importante: entregar financiamiento a los colegios para que puedan hacerse cargo de lo que se les está exigiendo. Este proyecto debe ser rechazado, si no, el Congreso será cómplice de otra promesa vacía al sistema escolar.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de acción Educar