El voto obligatorio es una de las grandes novedades de esta elección. Aunque será la quinta elección con este sistema -si el Congreso evita el papelón de liberar de consecuencias a quienes no participen- su comportamiento en los comicios de noviembre mantiene cierta incógnita. Pese a esto, sus efectos ya se sienten en la presidencial. El estilo de “segunda vuelta” de los dos candidatos favoritos, orientados a ganar el voto del 60% apolítico del padrón y tomando distancia de sus matrices ideológicas, es evidente. La diferencia entre convencer a ciudadanos de que vayan a votar y conquistar a electores que con seguridad lo harán, está marcando una diferencia respecto de campañas anteriores al relegar los temas identitarios o de nicho y, en consecuencia, concentrar la agenda en asuntos de interés general.

Por ejemplo, estamos asistiendo al mayor consenso en los últimos 15 años en cuanto a la preponderancia del crecimiento económico y, particularmente, del rol insustituible que cabe al sector privado. El ejercicio de comparar los programas de Jeannette Jara con los de Boric (2021) y Guillier (2017) es revelador. Paradójicamente, la candidata del PC es la única que explícitamente reconoce la función de las empresas privadas en el propósito de producir riqueza y quien parece más dispuesta a no cargarles mucho más peso regulatorio. No declara su amor al capitalismo, pero admite su necesidad. Guillier lo hacía, pero a la sombra de su énfasis en combatir los “abusos”. Boric veía la relación con el sector privado en subordinación a una estrategia mayor de desarrollo nacional, algo que fue cambiando hasta el punto que su costado izquierdo se le permitió. Así, la candidata que teóricamente se encuentra más a la izquierda entre quienes han representado a ese sector en las últimas elecciones, obligada a ganar preferencias fuera de su órbita, toma una posición más centrista que sus antecesores.

La concentración de los programas presidenciales en grandes temas es una buena noticia y la revalorización del crecimiento lo es especialmente. El problema es que, probablemente, esto tenga una manifestación mucho más tímida en la elección parlamentaria, particularmente en la de diputados. El alto número de partidos que, nuevamente, podrían lograr representación y los muchos escaños que se eligen, diluye el efecto del voto obligatorio y sigue haciendo rentable la estrategia identitaria y de nicho, menos que en los tiempos del voto voluntario, pero suficiente como para que, en 2026, nuestro Congreso pueda ser tan disfuncional como lo es hoy. Por eso, lo que ha generado el voto obligatorio en cuanto a centrar la discusión en los grandes asuntos públicos necesita, primero, que el Parlamento fije una multa a quienes no voten y, luego, que se reforme el sistema político. Lo que el voto obligatorio ha logrado revertir en fragmentación de la agenda, requiere un correlato en revertir la fragmentación de quienes legislan al respecto. Sólo así el efecto será completo.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP