La remoción del fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper del caso Procultura -luego de que la Corte de Apelaciones declarara ilegales algunas de las diligencias intrusivas efectuadas en esa investigación- fue rechazada por la oposición.

La bancada de diputados de la UDI defendió la labor de Cooper y solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia reconsiderar la remoción.

“Si bien respetamos plenamente la autonomía e independencia del Ministerio Público, no compartimos -en lo absoluto- la decisión adoptada por el fiscal nacional, Sr. Ángel Valencia, como aparente consecuencia de la reciente resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, cuya sentencia no se encuentra firme y aún restan recursos por ejecutarse”, transmitió la bancada mediante un comunicado.

Los parlamentarios defendieron que el Ministerio Público “venía desarrollando diligencias relevantes en dicha causa, con avances sustantivos que daban cuenta de una investigación seria y profesional, pero sobre todo comprometida con el total esclarecimiento de los hechos, independiente de las personas y/o autoridades que se encuentran involucradas”.

“Una situación puntual no debería desacreditar la labor sostenida y rigurosa que se ha llevado hasta ahora, ni mucho menos derivar en este tipo de decisiones”, argumentaron.

Por ello, solicitaron que el fiscal nacional reasignara la causa a Patricio Cooper “con el fin de resguardar el interés público y la confianza ciudadana, más aún dada la gravedad de los delitos que se investigan”.

“En medio de una causa por posibles actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, resulta esencial garantizar el éxito de la investigación, lo que precisamente no se consigue cambiando de manera tan abrupta al fiscal a cargo, toda vez que podría terminar alterando no sólo la estrategia definida, sino que el ritmo de las diligencias en desarrollo”, justificaron.

Asimismo, manifestaron “preocupación” ante la posibilidad de que la remoción sea interpretada como una respuesta que dé la razón a la tesis del Frente Amplio, desde donde acusaron que las interceptaciones telefónicas de la causa corresponden a una estrategia de espionaje con fines políticos, y a la otra solicitud de remoción que enfrenta el fiscal de parte de un grupo de parlamentarios oficialistas.

“Resultaría grave y dañino que cualquiera de estas acciones haya influido en una decisión que debería fundarse únicamente en criterios jurídicos y técnicos”, advirtieron.

Asimismo, instaron al Presidente Gabriel Boric “para que, en su calidad de jefe de ambas coaliciones de gobierno, instruya -en lo inmediato- el retiro de la solicitud presentada en contra del fiscal regional de Coquimbo, demostrando así su total compromiso con la transparencia y el éxito de esta investigación, la que podría convertirse en uno de los casos de corrupción más graves de toda la historia de nuestro país".