El expresidente Gabriel Boric solicitó por segunda vez el acuerdo para ausentarse del territorio nacional durante dos períodos de agosto, con el objetivo de participar en actividades internacionales en Uruguay y Alemania.

A través de un oficio dirigido al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, el exmandatario pidió autorización para salir del país entre el 20 y el 23 de agosto y, posteriormente, entre el 26 y el 31 de agosto. La solicitud se realiza en virtud de lo establecido en el artículo 52 de la Constitución.

Según el itinerario informado, Boric viajará el 20 de agosto a Montevideo, Uruguay, para participar en el encuentro denominado “Congreso Panamericano”. Según señalaron, el foro reúne a más de 100 participantes de 15 países, entre los que se encuentran delegados y delegadas permanentes, y líderes y lideresas del progresismo en América. El regreso del exmandatario a Chile está previsto para el 23 de agosto.

Posteriormente, el 26 de agosto, el exjefe de Estado contempla un nuevo viaje, esta vez a Berlín, Alemania, para participar en actividades vinculadas al aniversario de Berliner Festspiele. El documento señala que su regreso al país está programado para el 1 de septiembre.

En el oficio, Boric señala que ambos viajes tienen como propósito “cumplir compromisos internacionales” y solicita formalmente a la Cámara que otorgue el acuerdo requerido. Ante ello, la petición fue aprobada por la Sala con 87 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones.

¿Por qué Boric debe pedir permiso al Congreso para salir del país?

Aunque ya no se encuentra en ejercicio, la legislación nacional establece ciertas restricciones para quienes han sido presidentes de la República, como por ejemplo requerir autorización previa a la Cámara de Diputados para viajar fuera del país debido a una norma constitucional específica, regulada en el artículo 52 de dicho cuerpo legal.

La Constitución señala que, durante los seis meses posteriores al término de su mandato, un expresidente no puede salir del país sin el consentimiento de la Cámara.

Esta disposición está vinculada a una de las atribuciones exclusivas de los diputados: pronunciarse sobre eventuales acusaciones constitucionales contra un exmandatario por actos realizados durante su administración. Es decir, asegurarse de que, en caso de iniciarse un proceso de acusación constitucional dentro de ese plazo, el exjefe de Estado permanezca disponible en el país para responder ante las instituciones correspondientes.