Este miércoles, la Cámara Baja declaró admisibles tres proyectos oficialistas que establecen mecanismos expeditos de compensaciones para los cobros en las cuentas de energía.

Uno de ellos es liderado por la diputada Karol Cariola (PC) que propone la restitución inmediata de los cobros excesivos en las cuentas de luz a raíz de un error de cáculo en las tarifas.

La iniciativa die un primer paso, pese a que la testera –con el apoyo de la oposición– lo declaró inadmisible por incumplir con la Constitución, postura que fue rechazada con 60 votos a favor de la admisibilidad, 24 en contra y 5 abstenciones.

Durante el debate a favor de discutir el proyecto Cuentas Claras, la diputada Cariola defendió que “esta es una moción que no invade la iniciativa exclusiva del Presidente de la República bajo ningún punto de vista. No crea gasto fiscal, no compromete recursos públicos, no altera la administración financiera del Estado. Lo que hace es ordenar y transparentar un sistema tarifario de las cuentas de la luz que está desbordado, opaco y sin control. Y garantiza una devolución inmediata a las chilenas y chilenos de lo que se les ha cobrado de más".

En esa línea, criticó los argumentos que invocó la testera para la inadmisibilidad.

“El artículo 65 de la Constitución, invocado una y otra vez para bloquear la moción parlamentaria, establece restricciones acotadas a gasto, creación de servicio, tributos o endeudamiento fiscal. Este proyecto no toca ninguna de ellas. En cambio, regula deberes de organismos ya existentes, como la Comisión Nacional de Energía y la SEC, establece obligaciones a las empresas concesionarias privadas. He revisado el informe técnico que sugiere declararle inadmisible, pero sus fundamentos no se ajustan al contenido real del proyecto", explicó.

Por otra parte, en la oposición acusaron transversalmente a los diputados oficialistas de aprovechar el caso para fines electorales y argumentaron que las iniciativas son inconstitucionales.

El diputado Diego Schalper (RN) señaló: “La izquierda chilena quiere aprovecharse de la negligencia de su ministro y hacer un punto político”.

Y apuntó a las faltas constitucionales: “Hay veces que hay dudas en las cosas, pero cuando uno revisa el artículo 65 de la Constitución, es tan evidente que aquí lo que se pretende es crear una atribución respecto a un servicio público y, por lo tanto, lo que ha hecho la secretaría al momento de aludir al inciso tercero del artículo 65 es simplemente hacer respetar la Constitución”.

Los detalles de la iniciativa

El proyecto de la diputada plantea una nueva función para CNE que “deberá instruir a las empresas concesionarias de servicios eléctricos la devolución automática, proporcional y reajustada de los montos cobrados en exceso a cada usuario afectado, en el plazo más breve posible dentro del ciclo de facturación siguiente o, en todo caso, en un plazo máximo de 60 días contado desde la detección del error”.

Además, determina auditorías periódicas con un “marco permanente de transparencia, fiscalización y responsabilidad institucional”.

Junto con el proyecto patrocinado por la comunista, también se declararon admisibles las iniciativas que presentaron por separado las diputadas Camila Musante (ind. PPD) y Javiera Morales (FA) que tienen el mismo objetivo de restituir los cobros de luz.

El proyecto de Musante tiene por objeto “establecer un mecanismo extraordinario, ágil y transparente para la devolución de cobros indebidos en las cuentas de electricidad derivados de errores en la aplicación o cálculo de tarifas reguladas, así como para mitigar los impactos económicos que dichos errores pudieren generar en los consumidores finales y en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

En tanto, el de Morales plantea que, en cada proceso de fijación tarifaria de distribución, la CNE “podrá identificar eventuales montos cobrados en exceso a los usuarios finales durante el período tarifario anterior, originados por errores de cálculo, aplicación indebida de metodologías o cualquier otra causa no prevista”.

Además, para enfrentar el actual problema, propone un artículo transitorio que le fija a la Comisión Nacional de Energía un plazo de 30 días, desde publicada esta ley, “para dictar el decreto tarifario que contenga el mecanismo de devolución correspondiente”. “La devolución deberá hacerse a través de un solo abono en la facturación inmediatamente siguiente. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá velar por la correcta implementación de la forma, plazo y condiciones”.