Mediante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Presidencia presentó un reclamo de legalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar la entrega de correos electrónicos institucionales del jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y del exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, que fueron solicitados por el diputado Tomás Lagomarsino (Ind.), integrante de la comisión investigadora del caso Monsalve.

En diciembre el parlamentario ingresó una solicitud para conocer los correos institucionales de Durán y Crispi, entre el 14 de octubre y el 18 de octubre de 2024 con el objetivo de saber si existieron gestiones en La Moneda para buscar un reemplazado de Monsalve, que renunció a la subsecretaría del Interior el 17 de octubre luego de que se conoció la denuncia por abuso sexual y violación que interpuso una exasesora.

Tras la decisión del gobierno de apelar los diputados que fueron integrantes de la comisión especial investigadora que se constituyó en la Cámara para dilucidar las responsabilidades políticas del caso, lanzaron fuertes críticas al Ejecutivo.

El primero en reaccionar, fue el propio Lagomarsino quien, si bien es de las filas del oficialismo, a lo largo de la comisión actuó alineado con la oposición; de hecho, en la elección de la presidencia de la instancia votó por Miguel Mellado (RN), quien terminó resultando electo.

El representante por la Región de Valparaíso acusó una “falta de transparencia” la decisión de Presidencia.

“El pasado 2 de diciembre hice este requerimiento de transparencia en el contexto de esta comisión investigadora para conocer si efectivamente se habían iniciado gestiones como ellos mismos los indicaron para buscar un nombre de reemplazo desde el 14 de octubre hasta el 18 que finalmente se concretó la renuncia del Ejecutivo”, apuntó Lagomarsino.

El presidente de la instancia, el diputado Mellado, planteó: “¿Qué vamos a descubrir en los mails, que mintieron, que le mintieron a la fiscalía?“.

Y añadió: “Ahora pasan a ser super importantes esos mails y esperamos que pierdan en la apelación, porque ellos rasgan vestiduras por la transparencia pero son como ostras cuando empiezan a investigarlos a ellos”.

La diputada Gloria Naveillán (libertaria) acusó que “la poca transparencia del gobierno ha obligado a la prensa a investigar por su cuenta”, complementando que la decisión del gobierno es “obstruccionista porque sino tienen nada que ocultar no veo por qué no se puede entregar la información al Consejo para la Transparencia”.

Álvaro Carter (ind. -republicano), en tanto, sostuvo que “es una muy mala señal que el gobierno siga pensando que esta es la universidad y que estos son sus amigos, lo que necesitamos es la verdad y transparencia del gobierno”.

La defensa del gobierno

En el documento presentado ante la Corte por el abogado Marcelo Chandía Peña, se lee: “Se sirva tener por presentado y acoger a tramitación el Reclamo de Ilegalidad deducido en contra de la decisión de amparo Rol C8-25, adoptada por el Consejo para la Transparencia, declarar su ilegalidad, dejar sin efecto la decisión y declarar que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República actuó conforme a derecho”.

En el texto, además, el representante del Ejecutivo apunta: “Se refiere a la causal de reserva del artículo 21 Nº3 y Nº4, relativa a la afectación a la seguridad de la nación y al interés nacional, recogiendo sobre este punto que la información a la cual tienen acceso las personas cuyos correos electrónicos se remiten, está revestida de una alta sensibilidad, en virtud de los roles que los asesores individualizados tienen, como colaboradores directos de S.E., el Presidente de la República”.