Hasta el palacio de La Moneda llegó un grupo de diputados de la oposición para hacer entrega de una carta dirigida al Presidente de la República en la que solicitan frenar el cobro administrativo que realiza la Tesorería General de la República a las cuentas bancarias de los deudores del CAE.

Además, en la misiva solicitaron entregar una solución urgente para todas las personas cuyas cuentas bancarias fueron vaciadas, y dar urgencia a los distintos proyectos de ley que han sido presentados para dar alivio a las y los deudores.

Asi en el texto entregado se manifiesta la “preocupación por los embargos y el vaciamiento de cuentas bancarias que han sufrido en las últimas semanas personas deudoras del Crédito con Aval del Estado, como consecuencia del proceso de cobro realizado por la Tesorería General de la República”

Además, en la carta se sostiene que “se nos han acercado cientos de personas para entregar sus testimonios. Se trata de familias completas que han quedado sin fondos para enfrentar sus gastos básicos, como el pago de arriendos, cuentas, alimentación y movilización. Incluso hemos recibido casos de personas afectadas por la medida a pesar de percibir ingresos inferiores a los montos que, según lo informado por el gobierno, aplicarían en este proceso de cobro. Esto resulta especialmente grave si se considera que cerca del 70% de la población con CAE percibe ingresos mensuales inferiores a $750.000 y que, de los 890 mil deudores que se encuentran en etapa de pago, una proporción mayoritaria pertenece a la clase media y a los sectores más vulnerables del país. Dejar a una familia sin la totalidad de sus ingresos constituye una afectación que vulnera los derechos de las personas y que muestra una desproporción inaceptable”

De esta manera, los parlamentarios opositores solicitaron tres medidas concretas al Mandatario.

La primera, “frenar de inmediato el cobro administrativo por parte de Tesorería General de la República de las deudas con cargo a las cuentas corrientes de los deudores educativos y entregar una solución urgente para todas las personas cuyas cuentas bancarias fueron vaciadas, que permita restituir su situación y establecer un mecanismo que entregue mayores certezas y tranquilidad a quienes se han visto afectados, resguardando su subsistencia y la de sus familias"

El segundo punto es “aclarar los mecanismos de cobro empleados por la Tesorería General de la República y, en particular, los criterios para definir los grupos de la población que serían objeto de estas medidas de embargo y retención de fondos. La falta de información y de certeza jurídica sobre estas facultades ha generado angustia en miles de hogares y resoluciones judiciales dispares en diferentes regiones del país ante los recursos de protección presentados

Y finalmente, “dar urgencia y apoyar los distintos proyectos de ley que han sido presentados para dar alivio a las y los deudores, humanizar este proceso de cobro y establecer reglas claras. Hay propuestas sobre la mesa, como diputadas y diputados estamos disponibles a dialogar y llegar a acuerdos para que las personas afectadas no tengan que vivir con la angustia que ha generado este proceso".

La carta fue firmada por las diputadas del Frente Amplio Emilia Schneider, Carolina Tello, Gael Yeomans; del PC, Daniela Serrano; del PS, Raúl Leiva, Juan Santana; el presidente y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto y la diputada del partido Andrea Parra; el presidente de la DC, diputado Álvaro Ortiz y los miembros de esa bancada Héctor Barría, Patricio Pinilla y Jorge Díaz.