El capítulo por el error en las cuentas de luz aún no está cerrado en el Congreso.

A pesar de que la renuncia del ahora exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio) desactivó el anuncio de una acusación constitucional, el viernes pasado se ingresó un conjunto de medidas fiscalizadoras en la Cámara de Diputados que se verían el lunes 27 de octubre, al regreso de la semana distrital (receso legislativo).

Entre las acciones figura la solicitud de una comisión especial investigadora impulsada por el diputado Luis Cuello (PC).

Si bien en las próximas horas se materializarían otras medidas similares del oficialismo y la oposición, cada una con un enfoque distinto, al menos la petición del legislador comunista plantea una investigación amplia en el tiempo. “Solicitamos recabar el acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados para crear una comisión especial investigadora, encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno, especialmente las actuaciones del Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 16 de octubre de 2025, relativos a la determinación de la tarifa eléctrica y su aplicación”.

El rango de fechas que Cuello solicita investigar no solo toca a la administración de Boric y al último mandato de Sebastián Piñera (como pretendían algunos sectores del oficialismo): también salpica al segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

El enfoque, sin embargo, no obedece a una ocurrencia aislada de Cuello. Se basa en la misma argumentación que ha hecho La Moneda al plantear que el problema se originó en 2017, cuando el Ministerio de Energía era encabezado por el economista Andrés Rebolledo (militante PS, al igual que Bachelet), quien acaba de ser reelegido secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE.

“Este es un cambio metodológico que está proponiendo la CNE respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017″, dijo Pardow el martes pasado antes de salir del Ejecutivo.

“Es cierto que, en 2017, ni los ministros de energía, ni la CNE ni las empresas eléctricas advirtieron de este problema metodológico. Pero también es cierto que nosotros somos gobierno ahora”, dijo la ministra Camila Vallejo en una vocería tras la petición de renuncia a Pardow el jueves.

La justificación

Dentro de los argumentos que entrega el diputado Cuello para solicitar la comisión investigadora –herramienta amparada por la Constitución–, considera que, producto del error de cálculo, “la inflación se aplicó dos veces sobre el cálculo de la tarifa de generación”.

En segundo término, la presentación, que debe contar con la firma de 61 diputados para oficializarse, acusa que hay un “perjuicio a los usuarios”. “Aunque las estimaciones hechas sobre el monto pagado en exceso hablan de aproximadamente US$ 100 millones, sin embargo, dicho cálculo solo considera los años 2024 y 2025, sin considerar el periodo completo desde 2017″, añade el escrito.

En ese contexto, pide que la CNE “informe cuál fue el perjuicio total entre 2017 y 2025″.

En tercer lugar, aducen una “sobreestimación de deudas asociadas”.

“Un aspecto indispensable de indagar es la determinación del perjuicio total producido a los usuarios entre 2017 y 2025, como también que los órganos del Estado expongan en la comisión la forma en que planean devolver los cobros indebidos a los usuarios”, remarca la presentación.

Sesión especial de RN

En paralelo, la bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó una sesión especial, para el martes 28 de octubre, en la sala de la Cámara, para abordar la polémica.

“El error en la aplicación del decreto no solo constituye una falla técnica o administrativa, sino que ha tenido consecuencias directas y dolorosas para millones de familias chilenas, especialmente para los sectores más vulnerables que vieron incrementadas sus cuentas de electricidad en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo”, justifican los diputados.

“El impacto de estos cobros se ha traducido, además, en un aumento injustificado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), afectando la canasta básica de consumo y generando efectos en cadena sobre el costo de vida”, añaden más adelante.

Para la sesión especial, la bancada RN considera “indispensable” que estén presentes Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el objetivo de “explicar los antecedentes técnicos, las responsabilidades administrativas”.

Respecto de autoridades políticas, los diputados piden citar a los ministros del Interior, Álvaro Elizalde (PS); de Energía y Economía, Álvaro García (PPD), y de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).

Junto con ellos, también solicitan que estén presentes el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el Superintendente de Electricidad y Combustibles y el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor.