En la recta final se encuentra el concurso público del Senado para llenar la vacante a secretario general de la corporación.

Tras meses de tensiones y conflictos internos, que involucran a funcionarios y a senadores, el proceso -llevado a cabo por una agencia externa- debiera concluir dentro de las próximas dos semanas.

Resolver este tema -tras el puesto que dejó en marzo pasado el exsecretario de la Cámara Alta, el exfiscal Raúl Guzmán- no ha sido fácil.

Según el reglamento, el secretario general, además de actuar como jefe superior de servicio y encargarse de la administración de la institución, es el principal ministro de fe para resolver conflictos jurídicos y reglamentarios sobre el trabajo legislativo. Por lo tanto, es un cargo estratégico y un garante de la convivencia interna.

Entre quienes postularon al concurso figuran la exministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (independiente); el prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas; el secretario de la Comisión de Educación del Senado, Francisco Vives, y la secretaria de la Comisión de Trabajo de la corporación, Pilar Silva.

Exsecretario busca regreso

Sorpresivamente también se presentó el mismo Raúl Guzmán, cuyo mandato venció el 10 de marzo y no pudo ser extendido a causa de un veto en su contra levantado por el expresidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien era crítico de su manejo administrativo.

Por ello, Ossandón se negó a que la renovación del exsecretario se decidiera por los legisladores del anterior período legislativo y se la jugó por un nuevo concurso abierto.

Ello implicaba abrirle las puertas a Guzmán, pero con la condición de que los actuales senadores resolvieran el nombramiento.

Además, se pusieron varios filtros y cerrojos en las bases, entre ellos, que los postulantes debiesen reunir al menos 8 años de experiencia legislativa, en circunstancias que el exsecretario solo estuvo 6 años en la corporación. “Experiencia laboral mínima de ocho años en materias vinculadas al derecho parlamentario, función o asesoría legislativas institucional de alto nivel en órganos del Estado”, dicen los requisitos.

No obstante, Guzmán habría presentado antecedentes, según algunas fuentes del Senado, que certificarían que en los años en que fue fiscal también desarrolló asesorías legislativas para el Ministerio Público.

Además, para postular al cargo se exige obviamente el título profesional de abogado y a lo menos quince años de ejercicio profesional.

Acuerdo amplio

El proceso de nominación, sin embargo, tiene más complejidades y obligará a los senadores -quienes, en definitiva, son los llamados a resolver esta vacante- a buscar un consenso amplio.

El problema es que ni siquiera hay un criterio común entre los miembros de la Cámara Alta.

Por ejemplo, algunos prefieren que sea un abogado de carrera de la misma institución, criterio que favorecería a Vives y a Silva.

Otros son partidarios del regreso de Guzmán, posición predominante en el PS y en contados miembros de las bancadas de RN y la DC-Independientes.

Otros se inclinan por las credenciales académicas y profesionales, reconocidas transversalmente, de la exministra Lobos, quien desde 1998 se ha desempeñado en tareas legislativas en los ministerios del Trabajo, Hacienda y la misma Segpres. A ella le pesa, sin embargo, su rol político en el gobierno de Gabriel Boric, según señalan algunos parlamentarios.

También hay un grupo importante de exdiputados, hoy senadores, apostaría por Rojas (a quien conocen perfectamente y respetan por sus altas funciones en la Cámara).

De acuerdo a las bases, la próxima semana debiera conocerse la terna o quina de nombres preseleccionados por la agencia.

Luego de ello, los candidatos escogidos serán entrevistados por la Comisión de Régimen Interior, instancia que preside la titular del Senado, Paulina Núñez (RN), y que conforman los senadores Juan Luis Castro (PS), Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (PPD), Sergio Gahona (UDI), Ignacio Urrutia (republicano) e Iván Moreira (UDI, en calidad de vicepresidente de la corporación), además del mismo Ossandón (RN).

En ese grupo, hay al menos cuatro de siete integrantes que se oponen tenazmente al regreso de Guzmán. Ese factor podría ser lapidario, pues la comisión debe proponer un solo nombre para que sea votado por el resto de los senadores en el hemiciclo.

“Dicha propuesta será sometida a votación en la Sala, requiriendo para su aprobación el voto favorable de dos tercios de los Senadores en ejercicio (33 votos), conforme a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado”, dice el concurso. Este quórum es el más alto de la corporación, ya que solo 18 senadores, aunque sean minoría, pueden vetar a un nominado.

En ese sentido, las bases plantean que “en cualquier etapa del proceso, este podrá ser declarado desierto por necesidades del servicio debidamente fundadas o por falta de postulantes idóneos”.

Por lo tanto, antes de la respectiva designación de la Comisión de Régimen es probable que se desaten intensas negociaciones para arribar a una carta de consenso, ya que el riesgo de que el proceso fracase es alto.